El Gobierno se enfrenta a las eléctricas para tratar de bajar la luz un 22%

La relación entre los distintos Gobiernos y las compañías eléctricas no suele ser fácil, siendo como es un sector tan regulado. Y más aún en momentos como el actual en que los precios se desbocan y las autoridades se ven empujadas a tomar medidas para aliviar su impacto económico y la alarma social. El Ejecutivo ha aprobado este martes su "plan de choque" para tratar de abaratar un 22% el recibo hasta final de año (30% con las rebajas de impuestos aprobadas en junio) y la reacción del sector no se ha hecho esperar. 

Como medida estrella, el Ejecutivo ha presentado un recorte de unos 2.600 millones de euros en los "beneficios extraordinarios sobrevenidos" que están recibiendo las nucleares, grandes hidroeléctricas y renovables que operan en condiciones de mercado. La patronal de las grandes eléctricas, Aelec, ha mostrado su "contundente rechazo" al plan y ha tildado la medida de "injusta y desacertada", mientras que la organización empresarial Foro Nuclear ha advertido de que el proyecto podría provocar el "cese de la actividad" de las instalaciones atómicas, lo que podría causar problemas de suministro, encarecimiento de precios y más emisiones contaminantes.

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Pedro Sánchez comenzó a preparar el terreno el lunes, al advertir a las empresas que no consideraba "aceptables" los "beneficios extraordinarios" que están obteniendo por la escalada de los precios del gas en los mercados internacionales. Es decir, el presidente no les culpó de la subida de la luz, pero les avisó de que les iba a recortar esas ganancias porque "se lo pueden permitir". Con todo, el Ministerio para la Transición Ecológica es consciente de que se expone a que las compañías acudan a los tribunales: "Estamos acostumbrados a que haya una litigiosidad elevada. Es normal, porque es un sector muy regulado. Pero creemos que el paquete es robusto jurídicamente".

Rentabilidad suficiente

En la misma línea, Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra del ramo, ha defendido que el plan "respeta la rentabilidad de las empresas en un momento de recuperación y transformación" del modelo energético. Así, ha subrayado que se ha fijado una rentabilidad mínima que cobrarán las instalaciones afectadas que coincide con el precio medio del gas desde 2017. "Cualquier presupuesto de rentabilidad de sus inversiones es difícil que se base en los precios actuales", les ha lanzado antes de mostrar su "confianza en que entiendan que se trata de medidas excepcionales en momentos excepcionales". El recorte, así, estará en vigor hasta el 31 de marzo "por lo menos".

Pero sus argumentos no han convencido al sector. Aelec -de la que forman parte Iberdrola, Endesa, EDP y Viesgo- ha afirmado que las medidas "penalizan de forma injusta a un sector absolutamente comprometido con la electrificación y descarbonización de la sociedad, el desarrollo territorial y el empleo", al tiempo que ha recordado que el sector aporta 3.300 millones en impuestos al año y tiene previsto invertir más de 4.500 millones por ejercicio. "Las medidas dirigidas a intervenir los mercados van en contra de su eficiencia, la ortodoxia europea y crea un clima de inseguridad jurídica", ha criticado.

Por su parte, el Foro Nuclear -patronal que reúne a empresas como Iberdrola, Endesa y Naturgy- ha asegurado que el plan "aun siendo de aplicación temporal, ahonda aún más en la penalización" de esa tecnología. Su mayor preocupación no es tanto el recorte excepcional que incluye hasta marzo como la decisión del Gobierno de pedir al Congreso que tramite por vía de urgencia su proyecto de ley de junio para recortar de forma permanente en unos 650 millones al año la sobrerretribución que reciben por los derechos de CO2. Esta medida, han sostenido, conduciría a un "cierre desordenado de la generación nuclear" y, de haber estado en vigor, las compañías no hubieran pedido hace unos años el alargamiento de las autorizaciones para operar las centrales. Las grandes eléctricas han caído en bolsa hasta un 5,18%, caso de Endesa.

El plan, en cambio, ha servido para calmar las tensiones de este verano en la alianza del Gobierno por la subida de la luz. Un día después de que Podemos amenazase con proponer medidas adicionales si las aprobadas le parecían insuficientes, su secretaria general, la ministra Ione Belarra, ha alabado las iniciativas como "valientes y contundentes". En cambio, el PP ha sostenido que "intervenir en la economía no es el camino correcto", a lo que Sánchez ha replicado que "siempre que se rasca un poco descubrimos de qué lado" están los populares.

Recibo de 2018 más el IPC

Los precios mayorista de la electricidad llevan todo el verano disparados (han subido un 80% desde junio) por la escalada internacional del gas provocada por algunos problemas de oferta y la fuerte demanda de Asia, además de por la escalada del coste de los derechos de CO2. Este miércoles alcanzarán un nuevo récord de 172,78 euros por megavatio hora (MWh) y la previsión es que sigan en zona de máximos históricos en los próximos meses.

El objetivo más inmediato del plan del Gobierno es cumplir el compromiso de Sánchez de que la factura media de los cerca de 11 millones de consumidores acogidos a la tarifa eléctrica regulada PVPC sea este año similar a la de 2018 (el año que llegó a la presidencia, pero también el más caro de los últimos siete) más la inflación acumulada desde entonces. Según explicó Ribera hace unos días en el Congreso, aquel año fue de 598 euros, con lo que sumado al 2% de inflación desde diciembre de 2018 hasta julio de 2021 alcanzaría los 609,96 euros.

Además del recorte a la retribución de las empresas, el plan incluye rebajar el impuesto especial de la electricidad del 5,11% al mínimo del 0,5% permitido por Europa; extender hasta final de año la suspensión del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica; aumentar en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico, hasta los 2.000 millones; ampliar la prohibición de cortar el suministro a consumidores vulnerables de cuatro a diez meses; limitar la subida de la tarifa regulada del gas doméstico (TUR) de 1,6 millones de consumidores al 4,6% los próximos dos trimestres; fomentar la contratación de electricidad a largo plazo a menor coste; y limitar el agua que pueden desembalsar las hidroeléctricas.