Plan de choque

Estas son las medidas del Gobierno para frenar la escalada del precio de la luz

El precio de la luz marca un nuevo máximo histórico. En la foto, una mujer comprueba la factura de la luz junto a un contador. / JAVIER DE LA FUENTE / VÍDEO: EFE

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Pablo Allendesalazar
Pablo Allendesalazar

Periodista

Especialista en banca, finanzas, política monetaria y mercados de capitales

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El plan de choque del Gobierno para frenar los incrementos del precio de la energía para los consumidores finales recortará la actual subida del recibo de la luz en un 22% hasta final de año y limitará el alza del recibo del gas para uso doméstico a un máximo del 4,4%-5% en cada uno de los próximos dos trimestres. "Se trata de evitar poner en riesgo la recuperación económica y el impacto en las familias. Hay que repartir el esfuerzo entre todos. Son medidas importantes, pero acordes con el derecho comunitario y con nuestro marco constitucional", han defendido este martes fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Estas son las iniciativas aprobadas por el Consejo de Ministros. 

Recorte en la sobrerretribución por el gas 




El Gobierno ha aprobado un recorte en la sobrerretribución que están obteniendo las plantas que no usan el gas para producir electricidad (ciclos combinados) ni tienen una retribución regulada (buena parte de las renovables). Básicamente, son las nucleares, las grandes hidráulicas y las renovables que operan en condiciones de mercado, que se están beneficiando de la escalada del precio internacional del gas, ya que esta tecnología es la más cara y la que empuja al alza el precio en el mercado mayorista de generación eléctrica. Se les aplicará un ajuste de sus "beneficios extraordinarios sobrevenidos" similar al que incluye el proyecto para reducir los 'beneficios caídos del cielo' por los derechos de C02 a nucleares e hidráulicas, en trámite en el Congreso. Tendrán que devolver a mes vencido lo que hayan obtenido de más por encima de unos mínimos (el 90% de lo que exceda un precio de 20 euros por megavatio hora de gas). Con los niveles actuales, Transición Ecológica estima que la medida permitirá ingresar unos 2.600 millones de euros para rebajar la factura hasta el 31 de marzo de 2022, "momento en que se espera se hayan superado las tensiones en el mercado global de gas".

Rebajas de impuestos

El Ejecutivo también ha prorrogado hasta final de año la suspensión del impuesto a la generación eléctrica (7%) y ha reducido el impuesto especial de la electricidad al mínimo que permite la regulación europea (del 5,1% al 0,5%, con unos tipos mínimos de 0,5 euros el megavatio hora para usos profesionales y de 1 euros para el resto). Se trata de un impuesto que recauda el Estado y luego transfiere a las comunidades (cerca de 1.400 millones de euros en un año normal). El Ejecutivo ha dejado la puerta abierta a compensar a las autonomías, pero estima que la sobrerrecaudación obtenida hasta la fecha por el incremento de los precios puede no hacerlo necesario.

Derechos de CO2

El Consejo de Ministros, asimismo, ha dado luz verde a elevar en 900 millones de euros los ingresos obtenidos por las subastas de derechos para emitir CO2 (que deben obtener las instalaciones contaminantes) que se destinan a cubrir los cargos del sistema eléctrico (costes no relacionados con la energía, como el fomento de las renovables, la prestación de servicio en las islas o los pasados déficits de ingresos del sistema). Así, pasarán de 1.100 a 2.000 millones en 2021. El ministerio sostiene que ello no incrementará el déficit público porque la subida del precio de dichos derechos ha aumentado los ingresos por encima de lo presupuestado.

Límite a las subidas del recibo del gas

También se ha limitado la subida de las diferentes tarifas reguladas del gas para uso doméstico (TUR) para paliar la escalada de su materia prima. Estas tarifas se revisan cada tres meses y en los próximos dos trimestres (en octubre y enero) no podrán subir más de un 4,4%-5% de promedio en cada uno de los periodos. De no adoptarse este límite, el ministerio calcula que hubiera subido un 29% el mes que viene y hasta un 40% el siguiente. Ello no implica que el consumidor se lo ahorrará: se trata de un diferimiento y dicho coste se abonará en los recibos siguientes, un sistema similar al que ya existe para las bombonas de butano. 

Subastas de contratos de energía a largo plazo


Como medida de carácter permanente, el Gobierno ha decidido recuperar las subastas de contratos de compra de energía a largo plazo. Las empresas dominantes (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) estarán obligadas a ofrecer parte de la electricidad que generan a las pequeñas compañías comercializadoras con carteras de clientes que no producen y a las grandes empresas e industrias interesadas, que les ofrecerán un precio por recibir el suministro durante al menos un año. La primera tendrá lugar antes de que acabe el año y las grandes eléctricas deberán ofrecer 15.830 GWh, el equivalente al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020. El ministerio estima que este proceso competitivo logrará precios más bajos que en el mercado mayorista y ha incluido en la norma aprobada este martes que más adelante se reforme la tarifa regulada PVPC para que dichas subastas supongan una referencia de hasta el 10% del coste de la energía, desvinculando así en parte dicha tarifa del citado mercado mayorista.

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Suministro mínimo vital

El Ejecutivo también ha dado luz verde, también con carácter permanente, a un nuevo suministro mínimo vital para consumidores vulnerables con bono social eléctrico. Así, se amplía la prohibición de corte del servicio eléctrico por impago a los consumidores vulnerables durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes (diez meses en total), tiempo en el que se garantizará un "abastecimiento mínimo de confort" (potencia de 3,5 kilovatios).

Límites en los pantanos

El Gobierno, además, ha modificado la Ley de Aguas para evitar la sobreexplotación de los pantanos por parte de las hidroeléctricas, con desembalses excesivos como los vistos este verano, como adelantó este diario. El objetivo es "proteger el medio ambiente y permitir el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización de los municipios ribereños". Al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 hectómetros cúbicos, tanto para situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes.