Empleo público
La CUP plantea que sea el Estado el que pague las indemnizaciones de los interinos
La formación anticapitalista propone que los temporales que ocupen tareas estructurales pasen a fijos a partir de los tres años

Los diputados de la CUP en el Congreso Mireia Vehí y Albert Botran ofrecen una rueda de prensa en Madrid, antes de la investidura de Pedro Sánchez, el 17 de diciembre del 2019 / periodico


Gabriel Ubieto
Gabriel UbietoRedactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
La CUP ha presentado enmienda a la totalidad sobre la reforma de la interinidad que se debate actualmente en el Congreso. Los anticapitalistas, con dos diputados en la cámara, plantea dos puntos: que sea el Estado quien asume todas las posibles indemnizaciones y que todos los interinos que hagan funciones estructurales se conviertan en fijos a los tres años. Así lo recoge la enmienda registrada que ha dado a conocer este martes la CUP. Su movimiento, dada la aritmética parlamentaria, tiene escasos visos de prosperar, pero de momento abre el debate. El Gobierno se comprometió a tener las enmiendas listas y votadas para que la ley entrara en vigor ya en octubre.
"Aquellos contratos o nombramientos temporales que no sirven para cubrir actividades provisionales, esporádicas o excepcionales sino por actividades ordinarias, estables o permanentes se transformarán cuando superen los 3 años de prestación de servicios", recoge la enmienda. Y la fórmula que proponen desde la CUP es mantener en plantilla a estos interinos, una vez la plaza que este ocupaba haya salido a concurso y este no consiguiera retenerla. Aunque no concreta que función ocuparían estos, de prosperar su planteamiento.
Con este movimiento los anticapitalistas tratan de evitar una cascada de demandas por asignar automáticamente plazas públicas e implicaría un hipotético y significativo aumento de los efectivos en la Función Pública, ya que se sumarían a los nuevos opositores y a los interinos que no superen las mismas pero lleven más de tres años en el puesto. Según los cálculos más conservadores del propio Ejecutivo, hay un mínimo de 300.000 interinos en potencial abuso de la temporalidad.
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