Repsol se desvincula del excomisario Villarejo

Repsol ha reiterado su disposición a colaborar "sin restricción" con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos en el marco de la pieza separada número 21 del 'caso Tándem' y ha dejado claro que la condición de investigada en la instrucción judicial "no tiene consecuencia alguna sobre la sociedad, su gobernanza o actividad".

La compañía energética ha reaccionado así en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón haya acordado la imputación de Repsol y Caixabank como personas jurídicas por su presunta participación en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para investigar al que fuera presidente de Sacyr Luis del Rivero.

Repsol lamenta que el auto del Juzgado Central número 6 ha sido adoptado sin haber tomado declaración como testigo al Chief Compliance Officer de la compañía, a pesar de las reiteradas peticiones en tal sentido.

Así, en el ejercicio de su derecho de defensa, a resulta de las diligencias probatorias ya practicadas -incluyendo las declaraciones de investigados y testigos relevantes como la directora de Auditoría Interna, Control y Riesgos-, Repsol afirma que demostrará que ni hubo incumplimiento ni infracción de norma alguna, ni le era posible conocer que ninguna persona relacionada con Cenyt tuviese la condición de funcionario en activo, "puesto que se había permitido y ocultado ex profeso dicha condición por quienes tenían la capacidad para hacerlo".

Por ello, en defensa de su reputación corporativa, del interés social entendido como el que afecta a la propia compañía, a sus accionistas, a sus empleados y colaboradores, clientes y proveedores, Repsol adoptará "cuantas actuaciones sean necesarias en el ámbito del procedimiento en el que se la investiga, colaborando sin restricción con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos".

A la vez, en la misma defensa de su interés social, Repsol se reserva el ejercicio de cuantas acciones sean procedentes en Derecho "para exigir las responsabilidades que puedan corresponder a quienes, en dejación de sus funciones públicas de supervisión y vigilancia, propiciaron o permitieron la actuación de Cenyt y a quienes, en el ámbito privado, utilizan el procedimiento penal en la persecución de su beneficio particular".

La compañía que preside Antonio Brufau recuerda que desde el inicio de la pieza separada 21, relacionada con la contratación de Cenyt, que se concretó en el pago de cuatro facturas por un importe total de 185.000 euros, ha promovido e impulsado todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y circunstancias que concurrieron en dicha contratación.

Esas actuaciones, llevadas a cabo tanto con recursos internos como con la intervención de expertos independientes, han puesto de manifiesto "de forma concluyente" la inexistencia de infracciones o incumplimientos de los procedimientos internos de Repsol, "sin que existiese, ni siquiera, el menor afán de ocultación", destaca.

En su sesión del 21 de abril de 2021, el consejo de administración de Repsol, tras las correspondientes reuniones monográficas de la Comisión de Auditoría y Control, de la Comisión de Nombramientos, y de los consejeros independientes, confirmó que no se apreciaba evidencia alguna de conductas contrarias al código de ética y conducta de la compañía ni de conducta ilícita por ningún consejero, directivo o empleado, actual o pasado, de Repsol.

Repsol recuerda que ha mantenido históricamente una trayectoria "ejemplar" en materia de cumplimiento normativo y prevención de delitos.