El Gobierno retrasa una semana la reunión definitiva para pactar con autonomías y sindicatos la reforma de la interinidad

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha pospuesto una semana la que estaba llamada a ser la reunión definitiva para cerrar la reforma del interinidad. El ministro Miquel Iceta prioriza dar aire a un posible acuerdo con los sindicatos y ha cancelado la reunión prevista para este jueves a las cinco de la tarde; así lo han confirmado fuentes conocedoras de las negociaciones. Lo que implica que la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) no irá al Consejo de Ministros de este próximo martes y deberá aguardar, como pronto, al primer cónclave ministerial de julio. Iceta presentará este jueves ante las comunidades autónomas su propuesta y la semana que viene volverá a citarlas, al igual que los sindicatos, para cerrar esta carpeta.

La reforma de las condiciones de trabajo en la función pública para acabar con el abuso de la temporalidad, en la que incurre desde hace años España, es una de las reformas troncales a la que se ha comprometido el Gobierno con Bruselas. Y la primera pieza de la misma deberá esperar, como mínimo una semana. Pues desde el departamento liderado por Iceta se habían fijado este 24 de junio para cerrar con o sin acuerdo la carpeta y así poder llevarla para su aprobación al Consejo de Ministros el 29 de junio. Finalmente el acuerdo todavía no está suficientemente maduro, pues en él intervienen varios actores implicados: por un lado, los sindicatos, y ,por el otro, las comunidades autónomas.

La última propuesta del Ejecutivo todavía tenía varios flecos por cerrar. Esta incluía, entre otros, una nueva indemnización de 33 días (con tope de 24 mensualidades) para aquellos interinos que perdieran la plaza tras una oposición. Cabe recordar que actualmente los trabajadores eventuales de la Administración no tienen derecho a compensación alguna cuando cesa su contrato; a diferencia de los temporales del sector privado, que sí pueden cobrar una indemnización de 20 días por año trabajado (con tope de 12 mensualidades).

Iceta ofrecía compensaciones para los nuevos interinos, no para los que ya estén trabajando actualmente como tal, lo que no gusta a los sindicatos, tal como ha manifestado con especial vehemencia CSIF. Las centrales, especialmente UGT, también han insistido en colocar algún tipo de garantía de recolocación de interinos que pierdan su plaza, al margen de las indemnizaciones. Este será uno de los flecos que deberán cerrar las partes en la próxima reunión, pues de momento el Ejecutivo ha reiterado que no contempla aplicar criterios retroactivos, lo que dejaría fuera a un porcentaje elevadísimo de trabajadores públicos. Según los últimos datos de la EPA, en España hay 1,03 millones de empleados públicos con un contrato eventual.

Equilibrio territorial

Iceta requiera de un encaje de bolillos para sacar adelanta su reforma de la interinidad. Pues, al margen de la complicidad o no que consiga tejer con los sindicatos, las modificaciones afectan directamente a las plantillas que gestionan las comunidades autónomas. Y algunos de los partidos nacionalistas con representación en el Congreso y responsabilidades de gestión -como ERC, Junts o PNV- podrían votar en contra del trámite parlamentario; poniendo en riesgo la votación. Es por ello que Iceta está estirando los tiempos para tejer ese consenso que precisa para aprobar la norma.

Otro elemento que está en discusión y que afecta directamente a los responsables autonómicos es la penalización para aquellas administraciones que no saquen a tiempo los concursos de oposición. Lo que alimenta el alargue de las interinidades y el riesgo de fraude. El grado de responsabilidades exigidas que introducirá la norma todavía no está definido, pero fuentes conocedoras apunta a que se podría llegar a responsabilizar de prevaricación a los gestores. Algo que, por otra parte, ya están dictaminando los jueces, a raíz de denuncias de trabajadores en supuesto fraude.