Escrivá retrasa hasta el 2023 que los autónomos coticen en función de sus ingresos

Nuevo giro de volante del ministro José Luís Escrivá en su reforma de las pensiones, esta vez en lo referente a los trabajadores autónomos. El Gobierno ha renunciado a tener listo y en vigor para el inicio del 2022 el nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales. Y reconoce que no podrá tenerlo en marcha hasta, como mínimo, el 2023. También ha planteado a los agentes sociales un periodo de adaptación de nueve años, a contar a partir de su entrada en vigor, para que los trabajadores por cuenta propia vayan transitando paulatinamente hacia el nuevo sistema. Es decir, hasta el 2032 no prevé que esté totalmente operativo para los 3,2 millones de autónomos que integran actualmente el colectivo.

Transitar hacia un modelo de cotización en función de los ingresos es un compromiso que el Gobierno arrastra del anterior mandato (cuando el PSOE gobernaba en solitario), que figura en las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo y que el propio ministro reconoció hace apenas dos semanas en sede parlamentaria que pretendía ponerlo en marcha en el 2022. La nueva fecha de entrada en vigor, a expensas del acuerdo con los interlocutores sociales, será el 2023; según han explicado varias fuentes del diálogo social tras una reunión mantenida este martes. Desde Seguridad Social, ni han confirmado ni desmentido dicha rectificación por su parte.

Actualmente los trabajadores por cuenta propia cotizan en función de la base que ellos eligen, independientemente de lo bien o mal que les vaya su negocio. La idea del Gobierno es cambiar ese paradigma y que cada autónomo pague una cuota en proporción a sus ingresos. El primer planteamiento que trasladó la Seguridad Social a los agentes sociales era poner en marcha un sistema estructurado en 13 tramos móviles, para que cada trabajador pueda ir cambiando de un tramo a otro en función de la evolución de sus cuentas. Y a final de año corregir cruzando datos con la Agencia Tributaria, devolviendo u obligando a pagar más en función del cierre del ejercicio. Según los cálculos de la propia Seguridad Social, dos de cada tres autónomos pasarían a pagar menos con el nuevo sistema de cotización.

Una década de transición

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Ese esquema sigue en pie, pero su aplicación tardará un año más de lo previsto en entrar en vigor. "Es un cambio realmente complejo y debe trabajarse bien con Hacienda", afirma el presidente de ATA, Lorenzo Amor. El pasado 12 de abril Escrivá compareció en la comisión del Pacto de Toledo y afirmó públicamente que la cotización en función de los ingresos reales entraría en vigor a partir del 2022. Dos semanas más tarde, su ministerio reconocía ante los agentes sociales la dificultad de tener en marcha ya dicho sistema el año próximo y postergaba hasta el 2023 su implementación. Escrivá también ha planteado este martes a los agentes sociales un periodo de transición que no compartió hace 15 días en el Pacto de Toledo y que podría alargarse casi diez años. Algo que ha provocado la indignación de UPTA, una de las organizaciones más representativas de autónomos. "Es inaceptable. La incorporación del 90% de los autónomos no puede tardar más de tres años", ha declarado su presidente, Eduardo Abad.

La reforma hacia un sistema de cotización en función de los ingresos reales persigue minimizar el porcentaje que autónomos que cotizan durante toda su vida laboral por la base mínima. Actualmente, de los 3 millones de autónomos analizados por la Seguridad Social para transitar al nuevo modelo, 1,7 millones cotizan por la base mínima. Eso explica, entre otros, las grandes diferencias entre las pensiones que acaba percibiendo un asalariado y un autónomo o la pobre cobertura en caso de cese de actividad o bajas por enfermedad que estos segundos tienen durante sus trayectorias.