Trabajo plantea destinar 800 millones de euros para frenar la sangría del paro juvenil

Reducir las elevadas tasas de paro juvenil será una de las máximas prioridades del nuevo paquete de políticas activas de empleo que ha aprobado el Gobierno y para el que destinará, en su conjunto, 3.469 millones de euros. La enjundia del reto que representa bajar del actual 40% de desempleo entre los españoles menores de 25 años se traduce en que de esos casi 3.500 millones de euros, 800 millones irán específicamente destinados a los jóvenes. Así se lo planteará el Ministerio de Trabajo a las comunidades autónomas el próximo 28 de abril, que serán las que deberán aceptar (o no) dicho planteamiento. Pues, por competencias, son ellas las encargadas de vehicular el grueso de las políticas de ocupación en España. 

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, ha comparecido este viernes para dar cuenta de la primera piedra en la estrategia de reordenación de las políticas activas de empleo, para reducir las elevadas tasas de desempleo que lastran de manera crónica al mercado laboral español. En total se desplegarán 3.500 millones de euros a este menester; 2.111 millones ya están aprobados en Consejo de Ministros y se repartirán el próximo 28 de abril entre las autonomías. Y a ese monto cabe añadir otros 258 millones específicamente para el sector agrícola y otros 1.100 millones que están a expensas de la llegada de los fondos europeos.

Esa inyección de recursos pretende que, esta vez sí, España deje de ostentar el deshonroso título del país de la Unión Europea con mayores tasas de desempleo y, a su vez, de desempleo juvenil. Y para vencer donde otros fracasaron, Díaz pretende seguir una política de evaluación y autoevaluación constante sobre el dinero. Saber cómo se gasta, si ese gasto funciona y condicionar la renovación de fondos al cumplimiento de objetivos. En definitiva, poder responder a la pregunta, hasta ahora sin respuesta, de: '¿Cuántas personas encuentran trabajo gracias a las oficinas públicas de empleo?'.

Hasta ahora y pese a las sustanciosas cantidades de recursos públicos destinados para atajar el desempleo, España ha carecido de indicadores comunes entre las diferentes autonomías para medir la efectividad de dichas medidas. "Nosotros tenemos que rendir cuentas y las comunidades autónomas también", ha declarado Díaz. Para ello, la Airef monitorizará desde este ejercicio el gasto público en programas de ocupación, formación e incentivos a la contratación, con el fin de poder examinar qué funciona y qué no.

Estabilidad para los ocupadores

Otro de los objetivos que se ha marcado como prioritarios para desplegar esa estrategia de empleo es conceder estabilidad a la red de 4.000 orientadores laborales que actualmente operan en España, entre el SEPE y los servicios autonómicos (como el SOC). Pues la gran mayoría de estos están empleados con contratos de obra y servicio, de duración anual o bianual. Lo que implica que su permanencia en un mismo puesto muchas veces es inferior al tiempo que están en paro las personas que asesoran. El objetivo lo ha verbalizado este viernes la vicepresidenta tercera, pero la fórmula para finiquitar con esta deficiencia en las oficinas públicas de empleo todavía no es conocida.

Parte de esos 3.500 millones anunciados por Díaz irá a reforzar esa red de 4.000 orientadores, que en parte dependerá también del criterio de cada comunidad autónoma y de cómo quede configurada la nueva Ley de Empleo, que consolidará determinados servicios que alguien deberá sostener. Reforzar la red de orientadores y atacar el desempleo juvenil ya fue una iniciativa que, con resultados parciales, inició la predecesora de Yolanda Díaz, la socialista Magdalena Valerio. Ella lanzó Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, que pretendía contratar a 3.000 nuevos orientadores y reducir el desempleo juvenil en 170.000 personas. El avance de las elecciones y el final prematuro de la legislatura dejó dicho plan a medio ejectuar.