Medio año de negociaciones con Bruselas para pulir las reformas

El Gobierno español apura el plazo para entregar el plan nacional de inversiones y reformas que abrirá el grifo de los 140.000 millones

Valdis Dombrovskis, comisario europeo del Euro y Diálogo Social.

Valdis Dombrovskis, comisario europeo del Euro y Diálogo Social. / EFE / OLIVIER HOSLET

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Aunque España arrancó el proceso de evaluación como uno de los alumnos “más avanzados” del club, todo parece indicar que apurará el plazo de entrega del plan nacional de inversión y reformas que le debe abrir la puerta a los 140.000 millones de euros del plan de recuperación de la UE con el que reflotar la economía y transformar su modelo productivo. Una vez cumplido este trámite –el plazo expira el 30 de abril- se abrirá una nueva etapa que podría prolongarse tres meses: dos para que el Ejecutivo comunitario evalúe el documento definitivo que remita el Gobierno de Pedro Sánchez y un mes adicional para que el Consejo –los Estados miembros- revise y valide la recomendación.

En este examen los técnicos comunitarios evaluarán no solo las reformas e inversiones propuestas para cumplir con las seis prioridades fijadas por la UE sino también el cumplimiento de las recomendaciones económicas por país que elabora la Comisión Europea cada año en el proceso del semestre europeo. Un ámbito de particular importancia dado que es donde Bruselas ha urgido por activa y pasiva a España a reformar el sistema de pensiones, para garantizar la sostenibilidad y que la revalorización de las mismas siga vinculada a la inflación, o el mercado laboral para modernizar las políticas activas de empleo y hacer frente a la alta temporalidad y al elevado paro juvenil.

Esto significa que para obtener luz verde no solo será “condición indispensable” lograr un sobresaliente en la transición verde y digital, a los que es obligatorio destinar un 37% y 20% respectivamente de los fondos. España también deberá obtener “la máxima puntuación en la evaluación” en los criterios relacionados con las recomendaciones específicas por país, el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica, social e institucional así como la contribución a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales.

El Gobierno empezó a preparar el terreno en octubre del año pasado con el envío de las primeras líneas maestras de su plan. Desde entonces, el canal de comunicación con Bruselas ha estado permanentemente abierto para pulir un plan cuyas dos últimas fichas –de la treintena incluidas- se enviaron el pasado 18 de enero. Precisamente, las últimas que entró el Ejecutivo de Sánchez fueron las dos que más roces han generado en la coalición con Unidas Podemos, y también con Bruselas: la reforma laboral y de las pensiones.

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Tanto el vicepresidente de la Comisión, Valdis Domvrovkis, como el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni, se han pasado estos últimos tres meses hablando con el Ministerio de economía español y pidiendo más concreción y detalles sobre los objetivos y metas concretas que, según el reglamento, deben ser “claros y realistas”.

Si España supera el examen tendrá derecho a un anticipo del 13%, unos 10.000 millones de euros aunque todavía no habrá llegado a la meta. Cada desembolso posterior –dos por año- exigirá un examen semestral y la verificación del cumplimiento de los objetivos fijados. “Los desembolsos estarán vinculados a la consecución satisfactoria de un grupo de hitos y metas que reflejen el progreso en varias reformas e inversiones del plan”.