40.000 millones de euros: el coste de mantener el escudo social durante un año de covid

El Gobierno ha destinado un total de 40.000 millones de euros para sostener el escudo social que ha levantado durante la pandemia para minimizar el impacto de la crisis sobre las rentas familiares. Esta es el importe de la factura prevista hasta el 31 de mayo, cuando vence la actual prórroga de los ertes, del acumulado de prestaciones de paro, ceses de autónomos, ingresos mínimos vitales, bajas covid o exoneraciones a las empresas de la que ha dado cuenta este miércoles el ministro de Inclusión, José Luís Escrivá, en rueda de prensa.

Tras un año de pandemia, la Seguridad Social y el SEPE han dado cobertura a 8 millones de personas y 600.000 empresas mediante las diferentes prestaciones o ayudas sociales. El efecto estimado por el propio Gobierno de las ayudas desplegadas es el de un muro de contención que ha evitado que, entre otros, la destrucción del empleo fuera mucho mayor a la de 850.000 ocupados perdidos en el primer mes de pandemia, la mitad de los cuales todavía están por recuperar. De no levantarse el dique de los ertes, la Seguridad Social hubiera perdido 3,85 millones de afiliados tras el mazazo del covid.

Escrivá ha puesto en valor el desembolso público sin precedentes de recursos para paliar el impacto de la pandemia en las rentas de las familias. Según las estimaciones que ha presentado, Durante esta crisis se ha neutralizado el impacto en la renta de los hogares el 82% (vía ertes o ceses de autónomo extraordinarios, entre otros), cuando en la crisis pasada, la de la Gran Recesión, esa amortiguación fue del 40%; principalmente por la vía de las prestaciones de paro.

Lo que, de momento, queda reflejado en los datos de personas que tienen algún tipo de obligación de pago pendiente con la Seguridad Social. Según las cifras presentadas este miércoles por Escrivá, actualmente el número de deudores de la Seguridad Social es el 26% inferior al acumulado en la anterior crisis económica. Si en la Gran Recesión había 1,4 millones de personas con pagos pendientes, actualmente hay 1,04 millones. 

La campaña de vacunación cuando llega, funciona

Durante los 12 meses que han pasado desde que comenzó la pandemia, un total de 3,8 millones de trabajadores han causado baja por incapacidad temporal derivada del covid. Ya sea por enfermedad directa (1,3 millones de infectados) o por contacto estrecho con un positivo y posterior confinamiento preventivo (2,5 millones). Ello ha tenido un coste para la Seguridad Social que podría haber sido mayor -al igual que su cobertura- si finalmente el Gobierno hubiera dispuesto ese permiso remunerado para padres con hijos confinados. Medida que quedó sin ejecutar.

La campaña de vacunación, en su llegada a cuenta gotas, ya está evidenciando sus efectos sobre el número de bajas por incapacidad temporal que expide la Seguridad Social. Especialmente entre aquellos profesionales de primera línea. "Podemos ver este efecto en los colectivos con los que se inició el proceso de vacunación: profesionales sanitarios y sociosanitarios. En ellos vemos cómo han pasado de tener una incidencia un 50% superior a la de la media de trabajadores a tener una incidencia un 50% menor”, según ha destacado Escrivá.

Ertes más allá del 31 de mayo: "Vamos a ver como nos desenganchamos"

Uno de los pilares básicos del escudos social están siendo el mecanismo de los ertes. De los 3,5 millones de afectados que se alcanzó como pico máximo durante el primer estado de alarma, actualmente hay 783.000 trabajadores en suspensión. Una cifra que en el último mes y en paralelo a las restricciones adoptadas por las autonomías durante la tercera ola, se ha ido rebajando. Pues en febrero la cifra rondaba los 900.000 suspendidos.

Las actuales ayudas excepcionales para las empresas y trabajadores vencen el próximo 31 de mayo y Escrivá ya ha avanzado su intención de una quinta prórroga y que en esta habrán cambios. "Vamos a ver como nos vamos desenganchando progresivamente de estas medidas. [...] con el proceso de vacunación sería lo lógico", ha aseverado. "Tendremos que hablarlo con los agentes sociales", pero su ministerio defenderá poner mayores "incentivos" a la desactivación de trabajadores.