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La morosidad repunta en el sector público y privado en el año del virus

La media de plazos de pago a proveedores se situó en 77 días, lejos de los 30 y 60 días que marca la ley

La morosidad repunta en el sector público y privado en el año del virus
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La crisis del coronavirus amenaza con dejar por el camino a miles de empresas en España ante el empeoramiento de los plazos de pago. Muchas de ellas han empezado a alargar los plazos de pago a proveedores para financiarse y eso amenaza una reducción de los ingresos de muchas otras, según la encuesta anual elaborada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) entre organizaciones asociadas y ajenas. En concreto, durante el último año las empresas y administraciones públicas pagaron a sus proveedores a una media de 77 días, frente al plazo máximo de 60 y 30 días que establece la ley. "Hay un riesgo de la ruptura de las cadenas de liquidez", ha advertido el presidente de la plataforma, recién elegido presidente de Pimec, Antoni Cañete.

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Un efecto dominó que ya deja en riesgo al 16% de las empresas que hay en España que admiten que esta falta de cobro no permitirá la viabilidad de sus negocios. Entre las empresas, las que peor pagan son las más grandes. En concreto, la morosidad de las compañías del Ibex-35 con sus proveedores alcanza los 56.488 millones de euros. Esto es facturas que se pagan fuera del plazo legal que marca la directiva europea de 60 días. En el mercado continuo, la morosidad se eleva a 80.0000 millones. "Si se cumpliera con el plazo de pago se inyectaría liquidez a pymes", ha defendido Cañete. "Ayer se anunciaban medidas de 11.000 millones de euros para las pymes, si se pagara según la ley, que debería ser obligatorio, estaríamos hablando de 80.000 millones de euros para estas empresas", ha advertido.

Por otra parte, también crece la ratio de impagos, hasta el 5,4%, similar al 5,7% de 2014, mientras que la marca que establece Europa es no superar el 2,5%. "Es la antesala de cerrar muchísimas empresas en nuestro país, es la antesala de lo que se va a venir encima si no actuamos de forma clara en la cadena de pagos", ha advertido. En este sentido, Cañete ha reclamado la aprobación "con la máxima urgencia del régimen sancionador para no permitir que se rompan los plazos de pago". Una demanda histórica de la plataforma que está en tramitación en el Congreso de los Diputados a la espera de cerrar el periodo de enmiendas y de conocer las diferentes propuestas de los distintos grupos parlamentarios. También han reclamado "inyectar liquidez para pagar las facturas pendientes", así como una orden inmediata del Gobierno de que todas las administraciones paguen de forma urgente en los plazos de pago como mínimo de 30 días.