Abengoa, ¿caída o empujón?

Con una deuda de 6.000 millones de euros Abengoa afronta el concurso de acreedores y, una nueva etapa de incertidumbre, la tercera ya, mientras que políticamente se reparten las culpas sobre quién ha dejado caer a la empresa sevillana de ingeniería y energías renovables, que no ha sido capaz de poner de acuerdo a sus accionistas sobre el plan de refinanciación que había de sacar a la compañía de su última crisis. La firma protagoniza la segunda mayor insolvencia de la historia española después de la de Martinsa-Fadesa, que en el 2008, en plena crisis financiera-inmobiliaria, declaró una deuda de 7.000 millones de euros.

Abengoa llega a este tercer traspiés --en el 2015 se declaró por primera vez en preconcurso, con una deuda de 20.000 millones, y en el 2018 fue el segundo tropiezo del cual no ha podido salir aún-- al no sacar adelante el último plan de salvación que había de procurar una inyección de 550 millones de euros entre créditos y avales. La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) debía aportar 300 millones en avales, mientras que los 250 restantes se repartían en 180 millones prestados por la banca acreedora y avalados por el ICO, 50 millones en un crédito del ICO y 20 millones que aportaría la Junta de Andalucía. Pero el crédito municipal no llegó a aprobarse por parte de la Junta, a quien se señala como causante del desenlace en la insolvencia.

Deberes y tareas

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido ese martes que el Gobierno de España ha hecho "sus deberes y tareas" para ayudar a mantener la viabilidad de Abengoa y ha asegurado que son otros de los participantes en el rescate, como la banca y la Junta de Andalucía, los que tienen "que explicar por qué no han estado en ese mismo grado de compromiso" que ha llevado a la compañía a solicitar el concurso voluntario de acreedores. De hecho, La Junta no ha aportado la ayuda solicitada y los acreedores, encabezados por el Banco Santander y KKR, no ha sacado adelante su plan. Accedieron a inyectar 230 millones a cambio de quedarse con la mayoría de los activos. Un acuerdo que fue rechazado frontalmente por una parte de sus accionistas, que consiguieron expulsar al consejo de administración y tratan de dar otro golpe de mano en una junta de accionistas, convocada para el 4 de marzo.

En rueda de prensa, Montero subrayó que el Gobierno ha apoyado "en todo momento" a Abengoa y siempre ha "tendido la mano" a la compañía para "llevar a buen puerto una difícil situación" agravada por la crisis del covid-19. El Gobierno estaba dispuesto a aportar más de 400 millones de euros en el plan de reestructuración para el grupo a través del ICO y CESCE.

Un problema de 6.000 millones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha eludido cualquier responsabilidad al señalar que no cree que se le pueda imputar al Gobierno andaluz del PP-A y Ciudadanos (Cs) la situación de Abengoa. Moreno ha apuntado que "si se habla de 6.000 millones de descuadre en las cuentas de Abengoa, los 20 millones solicitados a la Junta, y que no podemos darle por la normativa, no hubiera contribuido prácticamente de ninguna manera a poder mejorar la situación de la empresa". De esta manera, ha confiado en que el ICO, el Gobierno, las entidades financieras y la empresa establezcan un plan de viabilidad "serio y que dé futuro a la compañía", mientras, por su lado, ha subrayado que la Junta estará al lado de Abengoa "en cada cuestión que solicite y puedan atender".

Los sindicatos han expresado su preocupación ante esta situación. El secretario general de UGT FICA Sevilla, Manuel Ponce, ha señalado: "Tras cuatro meses de incertidumbre, con todo paralizado, sin avances, y terminas con que los bancos no mantienen la prórroga del plan de refinanciación ni el Gobierno ni nadie. Se va acotando cada día mucho más la situación de la compañía en cuanto a futuro y viabilidad", ha advertido. Ponce ha recordado la situación de incertidumbre que ha vivido la compañía y ha afeado que "la Junta de Andalucía no haya cumplido con su compromiso de aportar 20 millones", a lo que ha añadido el papel de los accionistas minoritarios "ejerciendo su derecho para boicotear la refinanciación".