Seguridad Social

El Gobierno penalizará las bajas de contratos para el fin de semana

  • Escrivá también ve "intolerable" rescindir la relación laboral en las vacaciones
  • El ministro negociará en enero prorrogar los ertes "cuatro, seis o siete meses, hasta que sea necesario"
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Se lee en minutos

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunció este lunes que el Gobierno está estudiando introducir una tasa, a modo de penalización, para aquellas empresas que dan de baja los contratos de sus trabajadores durante los fines de semana para volverlos a dar de alta el lunes con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

Así lo afirmó el ministro durante su intervención en Nueva Economía Fórum, donde subrayó que se trata de una práctica "intolerable", que también se realiza en los meses de verano, "que no debe aceptarse y que claramente se va a penalizar".

"Vamos a establecer una tasa por las bajas de contratos. Estamos estudiando cómo hacerlo", señaló el ministro, que denunció que esta práctica "se ha convertido en algo cultural en España", que no sucede en otros países del entorno español, que contribuye al alto grado de rotación de contratos y que no puede aceptarse como válida.

Prórroga de los ertes

En su intervención, compartida con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el ministro también anunció que en el mes de enero negociará con los agentes sociales una nueva prórroga del mecanismo de apoyo público a los erte (expedientes de regulación temporal de empleo) "hasta que sea necesario". Según el ministro, una vez que la vacuna permite empezar a poner fecha final a la pandemia y esperar "una recuperación muy fuerte de la economía" en el segundo semestre del 2021, "los ertes durarán lo que tengan que durar".

"Sabiendo ya que el final de la crisis está ahí, no vamos a poner fin a unas medidas que han funcionado", dijo Escrivá en relación a los ertes y las ayudas a los autónomos. “En el 2020 nos vamos a gastar unos 30.000 millones en el esquema de ertes. ¿Cuánto nos vamos a gastar en el 2021? —se preguntó— dependerá de la vacuna y de la recuperación económica. Pueden ser cuatro, seis, siete meses… pero es un gasto absolutamente necesario, de una vez y para siempre”, resumió el ministro.

“La vacuna nos proporciona un horizonte temporal para que la política fiscal pueda ser contundente”, abundó el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

Nuevas ayudas

El ministro también confirmó que el plan de medidas de apoyo que ultima el Gobierno para sectores de hostelería y comercio incluirá medidas fiscales y de “exenciones en la Seguridad Social”. Escrivá reconoció que estos sectores sufrirán un gran daño adicional como consecuencia de las medidas restrictivas que afectarán a la campaña de Navidad. Las medidas aún están en fase de debate en el seno de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, dijo.

Reforma de las pensiones

Durante su intervención, el ministro desveló que el Gobierno está “discutiendo” con los agentes sociales, pero también con la Comisión Europea la nueva ley de reforma de las pensiones que su departamento pondrá en marcha en el 2021. El debate con las autoridades europeas se enmarca en el proceso de reformas estructurales que la Comisión Europea requiere a España como condición del mecanismo de los nuevos fondos europeos de reconstrucción (de los que 140.000 millones están asignados a España para los seis próximos años).

Te puede interesar

El ministro rehusó comentar ningún detalle sobre la propuesta negociadora de su Departamento con los agentes sociales. “Tengo que ser prudente y el Gobierno en general debe ser prudente”, dijo, sin dar pie a comentar si está sobre la mesa la propuesta de alargar de 25 a 35 años de cotización el periodo de cálculo de las pensiones en contra del criterio de los ministros de Unidas Podemos, según apuntan informaciones de El Mundo y La Vanguardia.

Fuentes de la negociación, sin embargo, confirman a EL PERIÓDICO que conocen el propósito de Escrivá de alargar de 25 a 35 años de cotización el período que debe servir para estimar la cuantía de la pensión, si bien aún no se ha puesto formalmente sobre la mesa de negociación.