POLÍTICA AGRARIA COMÚN

Los Veintisiete aprueban la reforma agrícola más verde

Los ministros de agricultura de la UE pactan que el 20% de los pagos directos se reserve a los planes ecológicos para incentivar una agricultura más sostenible

La ministra alemana de Agricultura, Julia Kloeckner, conversa con el ministro español Planas en Luxemburgo, este lunes.

La ministra alemana de Agricultura, Julia Kloeckner, conversa con el ministro español Planas en Luxemburgo, este lunes. / Pool via REUTERS / Francois Walschaerts

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Silvia Martinez

Los gobiernos de la Unión Europea ya saben cómo quieren gastar los casi 390.000 millones de euros asignados en el presupuesto europeo a la Política Agrícola Común (PAC) durante los próximos siete años, y de los cuáles 47.700 millones irán destinados al campo español. Tras más de cuarenta horas de intensas negociaciones, los Veintisiete han conseguido cerrar, en la madrugada del martes al miércoles, un acuerdo político sobre una reforma que refuerza la ambición medioambiental en este sector al tiempo que garantiza la suficiente flexibilidad a los gobiernos para puedan decidir cómo alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales.

“El acuerdo es un hito para la política agrícola europea. Los Estados miembros han demostrado su ambición de estándares medioambientales más estrictos en la agricultura al tiempo que apoyan la necesaria flexibilidad para garantizar la competitividad de los agricultores”, ha celebrado la ministra de agricultura alemana, Julia Klöckner, tras el acuerdo por mayoría cualificada –con el voto en contra de Lituania y la abstención de Letonia, Bulgaria y Rumanía- logrado en Luxemburgo para conciliar la protección de la biodiversidad con el apoyo a la agricultura hasta el año 2027. 

Su colega, el español Luis Planas, se ha mostrado igual de satisfecho con el resultado porque incluye todos los objetivos que se había fijado España en la negociación. “Es una propuesta equilibrada que responde a las distintas sensibilidades. Es imperfecta pero muy buena”, ha destacado de madrugada sobre el compromiso diseñado por Alemania para posibilitar el acuerdo sobre los tres reglamentos sobre la mesa: los planes estratégicos nacionales, la financiación de las ayudas y la organización común de mercados.

"Ecoesquemas" a partir de 2023

Según la posición pactada por los Veintisiete, todos los agricultores deberán respetar y adoptar normas medioambientales más estrictas que en el pasado a cambio de seguir beneficiándose de los fondos europeos durante el próximo período de financiación. Aquellos que adopten medidas más ambiciosas, que vayan más lejos de los nuevos requisitos obligatorios, podrán optar a una prima adicional a través de los llamados “ecoesquemas” con los que Bruselas pretende incentivar una agricultura más sostenible y orgánica

Se trata de una de las novedades de la reforma que más polémica y fricciones ha suscitado durante la complicada negociación. Pese a las dudas de los Estados miembros, que temían dejar fondos sin gastar, el acuerdo final incluye el compromiso a dedicar el 20% de los pagos directos a estos planes ecológicos para convencer a los agricultores y ganaderos de apostar por una agricultura de precisión, orgánica o agrosilvicultura y sumarse de esta forma a la ola del pacto verde. Eso sí, los Estados miembros serán finalmente libres de diseñar sus propios instrumentos en función de sus necesidades. El ministro Planas ha destacado que en el caso español el 60% de los pagos directos se destinarán a la sostenibilidad de los productores.

Explotaciones pequeñas

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El pacto contempla la introducción de una fase piloto de dos años que arrancará en 2023, fecha en que se empezará a aplicar la reforma. Durante este plazo, parte del 20% se podrá reorientar a otras intervenciones. Además, prevé estándares medioambientales más estrictos para todos los agricultores por igual, ya sean grandes o pequeñas explotaciones. Para ayudar a estos últimos en la transición hacia una agricultura más verde, dispondrán de controles simplificados para reducir la carga administrativa. Los Estados miembros a su vez tendrán que elaborar planes estratégicos nacionales en los que explicar sus medidas y que deberán ser validados por la Comisión Europea.

La posición común, alcanzada por los Veintisiete este miércoles tras dos años y medio de negociaciones y cinco presidencias rotatorias de la UE, permite lanzar las negociaciones interinstitucionales con el Parlamento Europeo que está semana también debe adoptar su postura negociadora. Una posición que también ha generado polémica. “Los eurodiputados han firmado la sentencia de muerte de la naturaleza, el clima y las pequeñas explotaciones que seguirá desapareciendo a un nivel alarmante”, ha criticado el responsable de agricultura de Greenpeace, Marco Contiero, que ha lamentado también la rebaja de la ambición en el acuerdo del Consejo.