22 oct 2020

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Congelación salarial

Protestas en la Administración por la subida salarial pendiente para los 40.000 empleados del personal laboral

Los sindicatos convocan una manifestación para el 30 de septiembre y anuncian medidas legales contra el incumplimiento del nuevo convenio

Las diferencias de sueldo entre funcionarios y personal laboral de la misma categoría pueden llegar a ser de 4.500 euros al año

Gabriel Ubieto

Funcionarios de Estado en sus puestos de trabajo. 

Funcionarios de Estado en sus puestos de trabajo.  / EFE

Otro frente abierto para el Gobierno en lo referente a salarios en la Función PúblicaCSIF y UGT han convocado protestas contra el incumplimiento del Ejecutivo de subir el sueldo a los 40.000 trabajadores del personal laboral de la Administración. Las centrales han anunciado formalmente acciones legales y una manifestación el 30 de septiembre ante la inaplicación por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública del cuarto convenio del personal laboral. Un pliego de condiciones firmado el pasado 4 de marzo y que suponía un incremento salarial del 5,5% de media y entre las capas salariales más bajas de hasta el 14%. 

Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública argumentan el incumplimiento de esa subida salarial debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado a la cual ligarla. "Ya depende de Hacienda", afirman fuentes consultadas por EL PERIÓDICO.

Las protestas las han anunciado los representantes de la Función Pública de CSIF y UGT en rueda de prensa este lunes. Tras el globo sonda lanzado la semana pasada sobre una hipotética congelación salarial para los funcionarios, que ningún ministro o vicepresidenta desmintió; las protestas del personal laboral añaden un grado más de presión sobre el ejecutivo entre el plantel público. "No reclamamos ningún incremento retributivo extra, somos muy conscientes de la situación que está pasando este país. exigimos a la Administración que cumplan con los acuerdos que subscriben", ha declarado la secretaria de negociación de CSIF, Milagros Dorronzoro.

El pasado 4 de marzo la anterior ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, firmó ul incremento en las tablas salariales del personal laboral de la Administración, que emplea a cerca de 40.000 personas. Esta incluía una subida lineal para todo el personal laboral de 280 euros anuales (20 euros al mes) con efectos retroactivos desde el 1 de enero del 2018, la subida general pactada también para los funcionarios (en enero del 2019 subió el 2,25%), así como incrementos variables en función de los distintos grupos. Y, según denuncian las centrales, el equipo de la actual titular, Carolina Darias, no ha acometido todavía lo pactado.

El objetivo de este cuarto convenio era comenzar a atajar las desde hace años crecientes desigualdades retributivas entre los funcionarios y el personal laboral. Según un informe presentado la semana pasada por UGT, la diferencia entre los sueldos base de un funcionario y de un trabajador del personal laboral de una misma categoría oscilan entre los 737 euros y  los 4.577 euros anuales. Y la revisión del pasado marzo perseguía ser la "primera piedra en la igualdad salarial entre funcionarios y personal laborales”, según ha definido el responsable de UGT Gabriel Filipini. Especialmente entre las capas peor pagadas, por lo que para las categorías de menores ingresos se pactaron incrementos de hasta el 14%. 

CSIF y UGT (CCOO no ha participado de la convocatoria) han anunciado que iniciaran una ronda de contactos con los diferentes partidos políticos para hacerles llegar su malestar por el incumplimiento. Y también han explicado que interpelarán al Defensor del Pueblo para que interceda ante el Gobierno por ellos.