27 sep 2020

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control de precios

Inquietud en el sector inmobiliario por la ley catalana del alquiler

El Parlament podría aprobar esta semana un nuevo marco legal que limita las rentas y que enerva a los empresarios

El Consell de Garanties Estatutarias consideró que limitar los precios puede ser anticonstitucional

Eduardo López Alonso

Anuncios de pisos en alquiler en una inmobiliaria de Barcelona.

Anuncios de pisos en alquiler en una inmobiliaria de Barcelona. / FERRAN NADEU

El sector inmobiliario se ha movilizado en contra de la posible aprobación esta semana de un nuevo marco legal del alquiler en Catalunya, que pretende limitar las rentas que pueden cobrar los propietarios. La nueva ley  de 'medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de alquiler de vivienda', será debatida este miércoles en lectura única y votadas las enmiendas tras su presentación por parte de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem y el subgrupo parlamentari Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent.

La patronal catalana Foment del Treball ha rechazado esa proposición de ley presentada al Parlament al considerar que es "inconstitucional" y contraria al Estatut. Además, considera que "hundirá a medio plazo" el mercado del alquiler. Asval, que es la asociación de propietarios de viviendas en alquiler, se ha mostrado en contra de la nueva ley y ha instado a los partidos políticos a replantear lal ley. "Apelamos al Govern para que reflexione y rectifique sobre esta medida, y solicitamos al Gobierno y al resto de partidos que tomen las medidas necesarias para evitar la puesta en marcha de esta ley que atenta contra la Constitución, el Estatut y que genera graves perjuicios al mercado inmobiliario", dijo Beatriz Toribio, directora general de Asval. Esta asociación defiende la aplicación de medidas para apoyar el incremento de la oferta en un marco regulatorio "estable y transparente" que genere seguridad jurídica para el desarrollo del sector, así como una política de vivienda social pública, ya que ha indicado que en los últimos diez años España ha destinado un 0,05% de su PIB a políticas de vivienda, provocando una escasez de viviendas sociales, cuyo estoc es de un 1,5% frente al 15% de media en la Unión Europea.

Foment del Treball sostiene  que limitar la cuantía de los alquileres supondrá en la práctica un desplome de los precios de la vivienda y una crisis en la economía local. Reconoce, no obstante, que "el actual mercado del alquiler no es suficiente y, por lo tanto, se debe ampliar sobre todo la oferta de viviendas asequibles, la gran abandonada desde la crisis del 2008", en lugar de limitar su precio. Medidas semejantes en otros países han llegado a recortar la oferta de viviendas en alquiler hasta el 25%.  

Precios en Barcelona

Según datos de Pisos.com dados a conocer este lunes, Barcelona sigue como una de las capitales con los precios de alquiler más altos de España, con un precio medio de 1.750 euros al mes (Madrid a 1.837 euros al mes). Sin embargo, esta inmobiliaria asegura que el precio bajó el 10,5% en agosto, quizá por haber aflorado pisos de alquiler turístico que ahora se destinan a vivienda residencial. En Pisos.com también aseguran que ha aumentado la demanda de viviendas en el extrarradio de la ciudad para buscar precios más bajos y condiciones más adecuadas a posibles futuros confinamientos y al teletrabajo. El director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, considera que los ajustes registrados en las grandes ciudades no siempre van en la misma línea de la provincia a la que pertenecen, lo que podría indicar que la demanda se está moviendo hacia otras localizaciones.

Según la patronal catalana Foment, la ley que debe debatir el Parlament esta semana va a perjudicar el parque de viviendas privadas y "tanto a a los propietarios como a los inquilinos". Foment asegura que "el patrimonio inmobiliario de los catalanes reducirá su valor" y recuerda que en el 2019 ya defendió revertir la política de viviendas para atender a las necesidades sociales. "No todo vale, ni las finalidades justifican los medios. Democracia y Estado de derecho van de la mano", ha sostenido. Foment critica que la proposición de ley se tramitará por el procedimiento acelerado de lectura única, "a pesar del dictamen en contra del Consell de Garanties Estatutarias", que consideró que la regulación caía fuera del ámbito competencial del Parlament por afectar a las bases de las obligaciones contractuales.

Asval considera que la "mejor alternativa" a esta regulación pasa por aumentar la oferta de vivienda alquiler, especialmente asequible y social, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la colaboración público-privada. Asval defiende la creación de vivienda específicamente dedicada a rentas bajas y jóvenes que buscan emanciparse. "El sector y la Administración deberán idear fórmulas de colaboración público-privada para desarrollar el parque de vivienda asequible que necesita nuestro país, así como una política de ayudas públicas para aquellos colectivos más vulnerables", ha insistido esta asociación.

Articulado

Para la patronal, la proposición de ley "vulnera la Constitución y el Estatuto en 18 puntos de su articulado". En concreto alude a que un total de 11 artíclos de los 15 de la proposición de ley, cuatro disposiciones addicionales de 7, 2 disposiciones transitorias de 3 y una disposición final de las cuatro que incluye no se adecuan, según el dictámen unánime del Consell de Garanties Estatutàries, ni a la Constitución ni al Estatut.

La patronal considera que se produciría una bajada de la oferta de viviendas de alquiler si se limita la renta a percibir "por la dificultad de que los inversores consideren interesante el mercado inmobiliario catalán", lo que supondrá el riesgo de que dejen de invertir en el mercado en un futuro próximo y que los inversores quieran vender sus propiedades inmobiliarias en Catalunya para invertirlas en otros sitios, mantienen.

Reducción del mercado

"Las limitaciones de precios harán que la oferta sea más pequeña, que los posibles inquilinos queden insatisfechos y, por lo tanto, perjudicará a las personas que quieren o solo pueden alquilar", añadiendo diferencias significativas que pueden llevar a mercados opacos que afecten a la recaudación impositiva. Foment pide no olvidar que "una parte significativa de las viviendas de alquiler" en catalunya corresponden a particulares que verán afectada la renta de su inmueble, y que en muchos casos pueden querer hacer líquida su inversión con la venta de sus patrimonios inmobiliarios.

"En un mercado globalizado, con bastante libertad de capitales, las restricciones a su rendimiento en algún tipo de activo harán que los inversores busquen otros activos o bien otras localidades", algo que dejará sin sentido el objetivo de la norma porque supondrá el descenso de la oferta a medio plazo, sostienen.

En un contexto marcado por el avance del coronavirus, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España ha señalado que la búsqueda de viviendas eficientes se ha incrementado un 30% desde el inicio de la pandemia. 

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