La prohibición de cortar la luz y el gas y la prórroga del bono social acabarán en septiembre

El Gobierno no prevé ampliar más allá del mes de septiembre la prohibición de cortes en servicios esenciales como la electricidad, el gas y el agua, así como la prórroga de renovación automática del bono social eléctrico, medidas que fueron adoptadas en el estado de alarma dentro del 'escudo social' ante la crisis por el covid-19.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se mostró partidaria de "poner orden" a este respecto, "en lugar de funcionar sobre la base de medidas extraordinarias prolongadas".

El pasado mes de julio, el Ejecutivo aprobó una extensión de la vigencia automática del bono social y de la prohibición de cortes de suministros básicos hasta finales de septiembre. En abril, se extendió los colectivos que podían recibir el bono social de la electricidad, aunque se trataba de una ampliación excepcional y sólo temporal para atender la situación extraordinaria que algunos consumidores podían sufrir por la crisis por la pandemia. Así, se permitía ser benefactores a personas que cumplieran determinados umbrales de baja renta familiar y que acreditaran que eran autónomos que han cesado su actividad o que habían visto reducida su facturación en un 75% durante la emergencia sanitaria.

A este respecto, Ribera indicó que si en los próximos meses vuelve a darse una situación extraordinaria, "pues habrá que buscar una solución extraordinaria". No obstante, consideró que es necesario "regular razonablemente que todo el mundo sepa a qué está jugando" con estas medidas, ya que si se prolongan en el tiempo, se trasladaría a terceros "una situación que tampoco podrían soportar mucho tiempo".

Calendario de subastas para renovables

Además, Ribera ha informado de que el Ejecutivo anticipará un calendario de subastas de renovables a cinco años, "revisable cada año y con una horquilla" en la capacidad de megavatios (MW) que se pondrá en juego cada ejercicio, con el objetivo de dar una visibilidad a medio plazo para el sector 'verde'.

Moncloa lanzó a un trámite de urgencia el real decreto para regular el nuevo modelo de subastas para plantas renovables, con el objetivo de lanzar antes de que acabe este año la que será la primera subasta desde 2017, y que las subastas se vayan repitiendo año tras año durante la próxima década.

De este modo, Ribera defiende una opción "intermedia" en la que se busca ofrecer un calendario para cinco años, "que cada año se irá revisando". "Es decir, podremos ir dando una previsión sobre cómo pueden ir evolucionando los años por venir con una cierta horquilla. En lugar de quedarte en los 3.000 MW, el año que viene irá entre 2.000 y 3.000 y el siguiente calculamos que será entre 3.000/4.000 o entre 1.500 y 2.000. Pero ir viendo eso con una cierta capacidad de ajuste, dentro de unos corredores máximos y mínimos", añadió al respecto.

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En este sentido, Ribera puso en valor que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es "probablemente uno de los instrumentos orientadores de inversión más potentes", ya que ofrece "más seguridad y confianza para cualquier inversor o desarrollador dentro y fuera del país".

Esta 'hoja de ruta' diseñada por el Gobierno pasa por el desarrollo de unos 60.000 MW de nuevas renovables hasta 2030, desde los más de 35.000 MW actuales, que se articulará a través de subastas, aunque la mayoría se levantará sin ninguna garantía o ayuda pública y a riesgo de los inversores.