07 ago 2020

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polémica

Las concesionarias de autopistas demandarán al Gobierno

El sector juzga inconsititucional la fórmula de compensación por la caida de tráfico prevista por el Ejecutivo

Agustí Sala

Salida masiva de vehículos por la autopista C-32 a la altura de Vilassar.

Salida masiva de vehículos por la autopista C-32 a la altura de Vilassar. / JULIO CARBÓ

En pie de guerra. Las concesionarias de autopistas han acogido con estupor las compensaciones previstas por el Gobierno por las caídas de tráfico registradas por el estado de alarma y anuncian que recurrirán a los tribunales.

A juicio del sector, agrupado en la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el Ejecutivo vulnera "derechos y principios constitucionales, como los de seguridad jurídica y confianza legítima, igualdad de trato y no confiscación de bienes y derechos".

En el artículo 25 del último decreto de medidas de reactivación económica se prevén medidas de compensación pero basadas en el margen burto de explotación de las concesiones (diferencia entre ingresos y gastos), no en los ingresos y los beneficios como defiende el sector y se incluye en los contratos de explotación afirman. En todo caso, la compensación se produciría mediante el alargamiento de la concesión por un periodo que "en ningún caso" podrá exceder "la duración de la vigenca del estado de alarma", que fueron tres meses.

Al conocerse los primeros detalles de est medida ya hubo protestas de algunas entidades como las cámaras de comercios catalanas, el RACC o la patronal vallesana Cecot, pero en este cao por considerar que ello "afectaría negativamente a la competitividad de las empresas" .

Algunas de las grandes concesionarias, como Abertis han acogido la compensación con frialdad y están calculando si les sale a cuenta pedir que se alarguen sus concesiones, según fuentes de la compañía. Los primeros indicios dan como resultado que no, explican.

En este caso, las autopistas del Estado que gestiona este grupo cuyos principales accionistas son la italiana Atlantia y ACS son la Ap-2 y la Ap-7 en las que los tramos todavía con peaje vencen en agosto del año que viene. La pérdida de las concesiones en España ha hecho que la compañía haya incrementado su actividad en otros países.     

Según la CNC, la fórmula empleada por el Gobierno suprime, "con efectos retroactivos, los derechos legales y contractuales que a estos concesionarios pudieran corresponder derivados de la normativa general de contratos del Estado, de la normativa especial dictada como consecuencia de la crisis sanitaria y de las cláusulas de los contratos".

La CNC afirma que todo este tipo de medidas abocan "a las empresas injustamente perjudicadas" a
acudir a los tribunales para la defensa de sus derechos. A la vez recuerdan el papel desarrollado por
las empresas concesionarias durante la crisis y la colaboración con todas las Administracioness y con el ejército de tierra en la Operación 'Balmis’, facilitándoles los desplazamientos en la red de peaje "de forma desinteresada".

Precisamente, el pleno del Congreso examinará el real decreto ley que incluye estas medidas, además de la prórroga del llamado 'escudo social', una batería de medidas en el transporte aéreo, marítimo y de carreteras y también en el ámbito de la vivienda.

El texto del artículo 25 del real decreto ley establece que se compensará a los concesionarios cuando el margen bruto de explotación durante el estado de alarma haya sido negativo. Las compañías afectadas han de presentar una solicitud antes del mes de noviembre de este año. Aunque la normativa está en vigor debe ser ratificada por el Parlamento.


 

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