El coste del ingreso mínimo vital ascenderá a 3.000 millones de euros

El Gobierno tiene prácticamente listo el ingreso mínimo vital para ayudar a los hogares más vulnerables, una prestación que tendrá un coste de 3.000 millones de euros cuando esté a pleno rendimiento, según las estimaciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, avanzadas este martes durante la presentación de los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de abril.

El ministro prevé que esta nueva prestación, diseñada como un "complemento" para aquellos hogares con las rentas más bajas, sea aprobada por el Consejo de Ministros en la segunda mitad del mes de mayo, de forma que pueda ser cobrada por los beneficiarios en el mes de junio. En una comparecencia previa en el Senado, el ministro indicó que también será complementaria a las diferentes rentas mínimas que puedan tener otras comunidades autónomas, como la renta para la ciudadanía de Catalunya.

El sistema para pedir esta prestación todavía está en trámite de elaboración, pero el ministro avanzó que se tratará de un sistema "multicanal" para que se pueda solicitar a través de otras administraciones y, así, ser "lo más eficaz posible". En España se calcula que hay un 20% de hogares en estado de pobreza severa que se erradicarán prácticamente con esta ayuda, según el ministro, quien aseguró que el Gobierno trabaja en "encajar" esta prestación en las personas con discapacidad que cuentan ya con protecciones de la Seguridad Social.

El ingreso mínimo vital fue uno de los compromisos alcanzados en el pacto de coalición firmado para la formación de Gobierno entre PSOE y Podemos. Con el inicio de la pandemia, la creación de esta prestación fue tomando cada vez más fuerza con un debate dentro del Ejecutivo que incluyó un pulso entre el vicepresidente Pablo Iglesias, partidario de un ingreso de caracter transitorio para atender a los colectivos más vulnerables de forma urgente, y el propio ministro Escrivá, que insistía en un ingreso permanente. Y así será, según ha indicado Escrivá, que ha justificado esta decisión en la necesidad de crear una "red permanente de corrección" a un problema estructural por el que España es señalada en Europa: la tenencia de políticas poco redistributivas.

Por otra parte, el ministro ha desmentido que vaya a haber recortes en las pensiones por el coronavirus. "No hay ningun problema de sostenibilidad y todo lo que se comenta son ganas de generar un ambiente de inquietud en los pensionistas intolerable", ha agregado.