La ley de segunda oportunidad puede ser clave para particulares y autónomos ante la avalancha de impagos

Los datos publicados por la Asociación de Mutuas de Accidente de Trabajo (AMAT) revelan que un total de 923.812 autónomos han recibido la prestación extraordinaria por cese de actividad activada por el Gobierno. Esta cifra, equivalente al 97% de las solicitudes recibidas, refleja la difícil situación que están viviendo numerosos negocios en nuestro país. 

La amplia mayoría de expedientes tramitados por las mutuas, el 66,95%, han sido reconocidos por cese absoluto de actividad. Las 305.315 peticiones restantes, que suponen el 33,05% del total, han alegado una reducción del 75% de sus ingresos. 

El parón de la actividad está dejando previsiones de contracción económica como las del Banco de España, que estima una caída del PIB este año de entre el 6% y el 13,6% en el peor de los escenarios. El FMI augura una contracción del 8%, con una tasa de paro disparada hasta el 20,8%, desde el 13,78% al que cerró 2019 y que representaba el nivel más bajo desde 2008. 

Por ahora, la cifra de trabajadores desempleados ha aumentado en 484.678 personas desde el 12 de marzo, según ha informado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, como resultado de los ERTEs y despidos llevados a cabo en las últimas semanas. 

Junto con la citada prestación extraordinaria por cese de actividad, son varias las medidas puestas en marcha para paliar las dificultades a las que se enfrentan familias, autónomos y empresarios. Moratoria de hipotecas y de alquiler de locales comerciales, moratoria de cuotas de la Seguridad Social, créditos ICO para alquileres de viviendas y para empresas y autónomos… 

La gran desconocida

A todos estos mecanismos temporales y específicos para esta crisis se suma una herramienta que, si bien puede ser poco conocida, está al alcance de autónomos y personas físicas desde 2015. Se trata de la ley de segunda oportunidad, un recurso que puede ayudar a que hogares y negocios no se vean indefinidamente atrapados debido al revés económico propinado por el coronavirus.

“El COVID-19 causará un gran daño económico no tan solo a empresas sino también a familias, y deberán buscar la única alternativa para salvar su mala situación económica y no estar muertosr”, explica Alicia García, socia gerente de Repara tu Deuda Abogados.

Porque el sustento proporcionado a través de las ayudas y moratorias puede ser suficiente durante un tiempo, pero de forma general la percepción de la situación es negativa y parece claro que para todos aquellos ciudadanos y negocios cuya situación financiera ya fuese delicada, el deterioro económico previsto no hace sino agrandar el problema. 

La ley de segunda oportunidad permite eximir a autónomos y particulares de la deuda a acreedores, siempre que manifieste que ha actuado de buena fe y no puede pagar. En concreto, posibilita que se puedan acoger a un proceso similar al que se remiten las empresas cuando cierran por quiebra y renegociar cómo devolverán lo que deben, teniendo en cuenta sus posibilidades reales, de forma que sean capaces de seguir afrontando sus gastos corrientes. 

Exoneración de la deuda

Desde Adiós a Mis Deudas explican que “puede ayudar a personas que estos días se sienten desbordados con impagos, intereses ascendientes y un nivel de ingresos bajo o nulo a solventar esta situación y salir del bucle”. 

En el supuesto de que no se llegue a un acuerdo, un juez podría cancelarla o exonerar al deudor mediante la solicitud del servicio de exoneración del pasivo insatisfecho. “Este acuerdo de pagos se suele rechazar por los acreedores entre un 80-85% de las veces. Aquí es cuando se lleva el caso a juicio y si el deudor cumple los requisitos básicos, se aplica la exoneración de deuda”, añaden.

Es por eso que firmas de abogados especializadas y economistas inciden en la importancia de conocer y hacer uso de la ley de segunda oportunidad. Según destaca Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, “nos encontramos en una situación excepcional, en la que esta institución introducida en 2015 y poco utilizada (solo 2.000 concursos de personas físicas el pasado 2019) puede desempeñar un papel fundamental”. 

“En la práctica y ante la crisis del COVID-19, es una excelente herramienta para que estas personas atraviesen la situación y vuelvan a retomar su vida cotidiana”, apunta el despacho jurídico Defensa del Deudor.

Más actividad

El Registro de Economistas Forenses (REFOR) espera una “avalancha de concursos de acreedores” para los próximos meses que podría provocar que muchos trabajadores afectados "se vean abocados a la ruina". 

En este sentido, el despacho de abogados Adiós a Mis Deudas recuerda que a raíz del COVID-19, el índice de empresas con riesgo de quiebra se ha incrementado considerablemente y muchas de las que ya se enfrentaban a un gran riesgo de impagos “están acabando de declararse completamente insolventes”. De hecho, aseguran que el número de solicitudes que están recibiendo para analizar la exoneración de deudas a personas físicas, autónomos y empresarios “está aumentando a cifras nunca vistas”. “Antes de esta crisis sanitaria, estábamos recibiendo un ritmo de peticiones entre 5-15 diarias de media y ahora ha subido entre 50-60”, relatan.

A su vez, Alicia García, socia gerente de Repara tu Deuda Abogados, detalla que durante estos días han “incrementado en un 40% el número de contratos diarios”, por lo que han iniciado una fase de selección de personal para más de 150 puestos. “De ellos, 80 están ya en fase de formación para incorporarse”, añade. 

Ampliar el mecanismo

Desde el pasado julio de 2019, tras una sentencia del Tribunal Supremo, los tipos de deuda que pueden cancelarse con la aplicación de la Ley incluyen los créditos públicos. En concreto, el fallo brinda la capacidad a los tribunales de exonerar un porcentaje que puede llegar al 70% de las deudas con la Seguridad Social y con Hacienda.

Sin embargo, los economistas abogan por una ampliación aún mayor para responder de la mejor forma posible a la actual crisis. “Dadas las circunstancias actuales, sería favorable una regulación adicional que impulse la segunda oportunidad, pues los afectados más vulnerables son las personas físicas en situación desfavorecida, los autónomos y los pequeños emprendedores”, afirma Valentín Pich. 

¿Cuáles son los cambios que solicitan? Para empezar, establecer un procedimiento más rápido, más económico, menos formal y más sencillo, “especialmente para las personas físicas vulnerables”, segregando según niveles adquisitivos.

También proponen habilitar un procedimiento similar para pequeños autónomos y empresarios de reducida dimensión. 

Además, introducen la idea de poner en marcha, en colaboración con el Ministerio de Justicia y apoyado por el Ministerio de Economía, “una suerte de turno de oficio de segunda oportunidad para colectivos, tanto personas físicas como autónomos y emprendedores vulnerables y de reducida dimensión”.