Los promotores catalanes reclaman potenciar la VPO y agilizar las licencias de obras

La amenaza de parón económico tras el periodo de confinamiento por el coronavirus alarma al sector inmobiliario y a los promotores de vivienda en particular. La Asociació de Promotors de Catalunya (APCE) propuso este lunes un paquete de medidas para evitar que los temores se hagan realidad. El presidente de la organización, Lluís Marsà, defendió que las medidas vayan más allá de las ayudas sectoriales y se concentren en reactivar la actividad y en agilizar la tramitación de obras para los próximos meses.  La vicepresidenta de la APCE, Elena Massot, reconoció que la reducción del PIB español de entre el 6% y el 13% tendrá un efecto obvio en la actividad promotora por lo que son necesarias medidas urgentes de reactivación "sin impacto en los Presupuestos". Aseguró Massot que no existen todavía grandes problemas de liquidez en el sector ya que la mayor parte de las promociones de vivienda nueva se han abordado con niveles de preventa elevados, aunque no existe información sobre la demanda futura al estar las oficinas de venta de vivienda cerradas. El impacto de la crisis del coronavirus en la demanda de vivienda por parte de turistas es también un factor preocupante para el sector promotor.

Medidas propuestas

Las medidas propuestas por la APCE se centran fundamentalmente en la potenciación por parte de la Administración de la vivienda de protección oficial (VPO) y la agilización de todos los plazos de tramitación de licencias de edificación y de planeamientos, en la línea de simplificación administrativa del proyecto de la ley ómnibus anunciada por la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.

La APCE reclama que se revisen los precios máximos de venta y alquiler vigentes en regímenes de VPO, "para hacerlos viables para edificar y dinamizar las reservas de vivienda protegida, en propiedad de promotores públicos y privados. También piden la anulación de la potestad de los ayuntamientos para establecer reservas de VPO en suelo urbano consolidado (actualmente vigente en la ciudad de Barcelona,por ejemplo, con el 30% de reserva). En opinión de los promotores "se consigue el efecto contrario al pretendido disminuyendo aún más la oferta, especialmente de la rehabilitación", como muestra que  la actividad registrada en los tres primeros trimestres del ejercicio 2019 cayó el 55%.

La APCE calcula que es necesaria la venta anual de 25.000 viviendas, según el Plan Territorial Sectorial de la Vivienda. Según la APCE, alcanzar esta cifra de producción de viviendas generaría más de 60.000 puestos de trabajo, y una recaudación fiscal de alrededor de 1.500 millones de euros. La APCE recuerda que por cada vivienda que se construye se generan 2,4 puestos de trabajo, de los que 1,6 son directos (trabajadores por cuenta ajena y autónomos) y el retorno fiscal entre las diferentes administraciones (estatal, autonómica y local) supera el 20% del precio de venta de cada vivienda.

Según los promotores, "los costes de construcción se han incrementado más de un 45% desde el 2007, mientras que los valores de los módulos no han variado, quedando desfasados. Por ello, consideran que "habría que trasladar la misma evolución de los costes en las figuras protegidas: así, si se aplica este incremento sobre el módulo de régimen general en la zona A, el precio del módulo debería quedar establecido en un umbral de 2.800 euros por cada metro cuadrado útil".

La APCE reclama también que el Gobierno central modifique el IVA de las cesiones de derechos de superficie, que actualmente está sujeto al tipo general (21%), y el pase al tipo reducido (10%). La organización ha pedido una reunión urgente con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para comentar los detalles de las propuestas y empezar a trabajar en un plan de acción conjunto que contribuya a la reconstrucción de la economía.