El Gobierno aprueba incentivos para contratar extranjeros y parados para trabajar el campo

El Gobierno ha aprobado este martes en su Consejo de Ministros una batería de medidas para encontrar las manos necesarias para trabajar el campo en los actuales tiempos de pandemia. El confinamiento decretado en todo el país y las restricciones a la movilidad fruto de una pandemia global han obligado al Ejecutivo a activado incentivos para unos empleos vitales para garantizar la cadena alimentaria, pero pagados mayoritariamente a precio de salario mínimo. Y para ello ha ido a buscar entre las personas de origen migrante que ya están en el país y los parados, tal como ha desgranado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luís Planas, en la rueda de prensa tras el cónclave de este martes.

El detalle de las medidas definitivas, que el ministro ha justificado como "respuestas extraordinarias ante situaciones extraordinarias", dependerá del redactado final del BOE. Uno de los criterios que sí ha avanzado es que para acogerse a este nuevo paquetes de medidas, los agricultores deben primar la contratación de proximidad, para evitar así grandes desplazamientos de gente por motivos laborales.

Entre 75.000 y 80.000 temporeros tiene calculado el Gobierno que hacen falta para asegurar la recogida de las cosechas lo que queda de año. Para conseguirlos, el departamento liderado por Luís Planas planteó inicialmente, tal como recoge uno de los últimos borradores del real decreto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, extender dicho permiso de trabajo extraordinario a "jóvenes migrantes no acompañados en edad laboral", lo que incluía a las personas con 16 años o más. Este martes, en la rueda de prensa, Planas ha excluido a dicho colectivo y ha especificado que podrán acogerse a dicho permiso los "jóvenes extranjeros de 18 a 21 años" con permiso de residencia no lucrativa. 

La fórmula de habilitar la contratación de menores extranjeros no acompañados ya ha sido planteada anteriormente por asociaciones de agricultores como Unió de Pagesos, que a principios del verano del 2019 trasladó a la Generalitat que habilitará permisos extraordinarios para la contratación de menores de entre 16 y 18 años, en el marco de un programa de formación profesional.

El ministro de Agricultura, Luís Planas, estimó inicialmente que España necesitaría entre 100.000 y 150.000 trabajadores las próximas semanas. Finalmente y tras consultar con las patronales agrarias y los sindicatos, Planas ha matizado también dichos números en la rueda de prensa y ha reducido la demanda estimada de profesionales entre 75.000 y 80.000 personas. La explicación que ha dado es que, inicialmente, ese cálculo de hasta 150.000 temporeros no se refería a personas, sino a contratos. Y como una personas puede sumar más de un contrato, la cifra final de ocupados requeridos a disminuido. 

Migrantes de todas las edades y parados

Para paliar esa falta de mano de obra, el Gobierno tiene previsto "flexibilizar", tal como ha argumentado el ministro, el marco laboral y permitir fórmulas de contratación hasta ahora no contempladas. Una de estas es prolongar todos aquellos permisos de trabajo de personas de origen migrante, que ya tuvieran previamente permiso de residencia y cuya autorización para acceder a un empleo en suelo español venciera entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio. Para ellos, los ministerios de Agricultura e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han habilitado una renovación de los permisos hasta que venza el contrato laboral que les vincula a la cosecha. Una vez finalice dicho contrato, las personas beneficiarias se quedarán de nuevo sin permiso de trabajo.

El Gobierno también incentivará que los agriculturoes recluten jóvenes de origen extranjero. Concretamente aquellos que carezcan de permiso de trabajo, pero sí de residencia y tengan entre 18 años y 21 años; según ha explicitado Planas. El ministro no ha explicitado que sucederá cuando la campaña de la recogida finalice y habrá que esperar al redactado final del BOE. No obstante, en los términos planteados en el borrador, este durará lo que dure el contrato, y fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicitaron que "en ningún caso consiste en una regularización".

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