Los grandes propietarios tendrán que aceptar quitas del 50% de la deuda del alquiler

Los grandes tenedores de vivienda --fondos, socimis e inmobiliarias-- deben arrimar un poco el hombro, según lo expresado este martes por el vicepresidente del Gobierno y ministro de Agenda Social, Pablo Iglesias, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, y hacer un esfuerzo para evitar la desigualdad social que puede sobrevenir por la situación de crisis actual. "Red de seguridad", la ha denominado la ministra de Economía, Nadia Calviño. Estos tenedores tendrán que realizar un quita del 50% de la deuda o bien aceptar una reestructuración de la deuda en tres años. Los inquilinos afectados podrán acogerse, igualmente a las líneas de ayuda públicas. 

Este es uno de los aspectos que han sufrido cambios de última hora como consecuencia del debate entre los ministros de Unidas Podemos y los del PSOE. Los primeros han insistido en que en el caso de que no sea posible cancelar la deuda en el plazo fijado tras la moratoria, la deuda sea condonada, mientras que desde el Ministerio de Transportes, que incluye Vivienda, se aceptaba estaba más por la moratoria de los alquileres.

Así funcionarán las ayudas al alquiler por el coronavirus

Finalmente, lo aprobado, tal como ya ha publicado este diario, incluye una moratoria de cuatro meses del pago del alquiler para inquilinos de estos grandes propietarios en situación de vulnerabilidad, que sería aquellos que tienen que destinar más del 40% de su renta al pago del alquiler. Las condiciones de vulnerabilidad son amplias, no restrictivas, pues pueden acogerse personas que esté en erte, con reducciones de jornada, y otras situaciones laborlas restringidas. Según Iglesias, serán 500.000 las familias en situación de vulnerabilidad que podrían beneficiarse de las medidas aprobadas.

Paralización de desahucios

El Consejo de Ministros ha aprobado parar los desahucios que puedan producirse en esta crisis sanitaria durante seis meses. Y, también durante el mismo tiempo se prorrogarán automáticamente todos los contratos de alquiler que venzan durante este periodo y tengan que se renovados. No está claro cuál será el efecto de esta medida, pero según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 2019 se produjo una media trimestral de ejecuciones hipotecarias de 6.763, aunque no todas ellas acabaron en lanzamiento. Por lo que respecta a los contratos de alquiler, en Catalunya, el Incasol registra una media trimestral de 40.000, de los que cerca del 30.000 corresponden a la provincia de Barcelona.

Se ha aprobado también la creación de una línea de microcréditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dirigida a los inquilinos de pequeños propietarios, aquellos que poseen menos de ocho pisos. Esos créditos se concederán con un interés cero a quienes no puedan hacer frente al pago del alquiler y tendrán entre seis y 10 años años para devolver el importe. 

Ayudas del Plan de Vivienda

El paquete de medidas se completa con ayudas para familias e individuos que puedan encontrarse en situación de insolvencia o quiebra por los efectos económicos de la crisis sanitaria, a los que se ayudará para que mantengan o encuentren una vivienda, con cargo a los fondos del Plan Estatal de Vivienda, que está dotado con 500 millones de euros y podrá contar con parte de los fondos sociales destinados a las Comunidades Autónomas y que representan unos 300 millones de euros. Si después de la crisis se mantiene la vulnerabilidad, el Estado pagará el alquiler (la deuda). Hasta 900 euros al mes y 200 euros de suministros, mantenimiento, etc. "Si al final de este proceso, hay personas en situación de vulnerabilidad el Estado no las va a dejar tiradas y podrán conservar su vivienda", ha destacado Iglesias.

El Gobierno ha aprobado también una moratoria para las hipotecas de inmuebles en los que se realice una actividad económica. Se trata de una medida similar a la ya aprobada de aplazamiento del pago de hipotecas de vivienda habitual para los colectivos vulnerables por la crisis del coronavirus. Se amplía la moratoria de pago de hipotecas también para locales y oficinas de autónomos y se simplifican los criterios de vulnerabilidad para que no den lugar a interpretaciones que limiten derechos, tal y como reclamaban organizaciones de consumidores.