25 nov 2020

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Medidas excepcionales

El Gobierno prohíbe temporalmente los despidos justificados por el coronavirus

El Ejecutivo también obliga a las empresas a prorrogar los contratos temporales que venzan durante la crisis sanitaria

La autoridad laboral aprobará automáticamente los ertes presentados por las empresas, si estas acreditan causa de fuerza mayor

Gabriel Ubieto

El Gobierno prohíbe despedir durante la crisis del coronavirus. En la foto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. / MONCLOA / EFE / VÍDEO: EFE

El Gobierno ha aprobado este viernes en su Consejo de Ministros la prohibición del despido, siempre que este esté vinculado con causas derivadas del coronavirus. Ante la sangría de despidos y vencimientos de contratos temporales que estaban llevando a cabo las empresas españolas en las últimas semanas de emergencia, el Gobierno ha decidido detener en seco la hemorragia. Así lo ha anunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. Las empresas no solo no podrán despedir durante la pandemia, sino que también tendrán la obligación de prorrogar aquellos contratos temporales que venzan durante la presente crisis sanitaria. "El Gobierno no va a dejar a nadie atrás", ha declarado Díaz.

España emula tras dos semanas de confinamiento a Italia, que precisamente hace dos semanas que aprobó una moratoria de dos meses en los despidos. La decisión anunciada por Díaz llega también tras la alerta que lanzaron un día antes CCOO y UGT, que cifraron en cerca de un millón de nuevos parados los generados o bien directamente por despidos o bien por vencimientos de contratos eventuales. La temporalidad en el mercado laboral español es muy elevada y afecta a algo más de uno de cada cuatro ocupados; lo que se traduce, según los últimos datos del INE, en algo más de cuatro millones de trabajadores.

Pese a que Gobierno, patronales y sindicatos pactaron promover los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para capear la pandemia, el reguero de bajas entre los trabajadores con menor protección ha obligado al Ejecutivo a cortar legislativamente esa vía. No obstante, los efectos de la nueva normativa no serán retroactivos y las compañías no tendrán la obligación de deshacer los despidos o contratos vencidos hasta este viernes. La medida del Gobierno llega también una semana antes de que, como cada principio de mes, el Ministerio de Trabajo haga públicos los datos de afiliados a la Seguridad Social y parados registrados en las oficinas del SEPE. Y las perspectivas no son buenas.

Veto a los EREs

A falta del redactado final que materialice la medida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del sábado, la medida adoptada por el Gobierno no imposibilita el despido en  todas sus formas, aunque sí lo restringe. Pues si bien los despidos objetivos argumentados por una afectación derivada del coronavirus sí quedan vetados, no se excluye la posibilidad de los despidos improcedentes. Es decir, la fórmula encarece la ecuación, pero no cierra completamente las vías para el cese. Pues para ello sería necesaria una reforma del Estatuto de los Trabajadores, que precisaría de  tiempos más dilatados. Si vetaría los ERE argumentados a una afectación por el covid-19.

Y para blindar a ese 26,2% de trabajadores eventuales, todos aquellos contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, se mantendrán vigentes hasta que concluya la actual crisis sanitaria. Es decir, cuando los contratos temporales se suspendan, se alargará automáticamente la duración de los mismos. "No es necesario despedir a nadie en este país. Esto es un paréntesis", ha afirmado la ministra de Trabajo.

La CEOE lo ve un escollo para la recuperación

Las medidas adoptadas por el Gobierno han provocado el rechazo de la patronal, que ve en ellas un impedimento para asentar "las bases de la necesaria recuperación económica de España" y considera que "llevarán en última instancia a un mayor nivel de desempleo". Así lo ha manifestado CEOE y Cepyme en un comunicado conjunto tras el Consejo de Ministros. Las entidades patronales se han visto señalados por la medida que publicará este sábado el BOE y rechazaron "de forma tajante que el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado".

"Estas medidas llevarán a un mayor desempleo"

CEOE

Y ante la crítica de las patronales, el aplauso de los sindicatos. "Nadie puede aprovecharse de esta situación para despedir porque los agentes sociales acordamos medidas para que las empresas no utilicen esta fórmula durante esta crisis. Los erte son la alternativa a los despidos y las empresas deben apostar por esta cuestión", han manifestado CCOO y UGT en un comunicado conjunto. No obstante, también han recordado que todavía hay colectivos que están excluidos de las medidas excepcionales habilitadas por el Gobierno ante la crisis del coronavirus y urgieron a aprobar cuanto antes ayudas para las trabajadoras del hogar, las cuidadoras y los parados sin derecho a prestación.

"Nadie puede aprovecharse de esta situación"

CCOO y UGT

ERTEs automáticos

El Gobierno ha ido cerrando sendas y con las medidas de ayer le mostró a las empresas que los ertes son el camino. Para agilizar dichos procesos y dar salida a los más de 200.000 expedientes que están realizando las empresas por toda España, el Gobierno dispuso ayer que la autoridad laboral autorizará automáticamente todos aquellos expedientes que acrediten causa de fuerza mayor. Desde el Ejecutivo consideran que las medidas excepcionales adoptadas, como eximir a las empresas de entre el 75% y el 100% de las cotizaciones y la cobertura universal de prestación para los trabajadores afectados, son suficientes para que las compañías capeen la parálisis económica ocasionada por el covid-19.

Será la Inspección de Trabajo, a posteriori, la que revisará si los expedientes se ajustan o no a la legalidad. En caso de que no lo hicieran, las empresas deberán retornar el importe de las cotizaciones sociales de las que les eximió excepcionalmente el Gobierno. Además de las prestaciones por desempleo consumidas por sus trabajadores durante el erte; pues de rechazarlo la autoridad laboral estos días se considerarían como un cierre patronal. Las compañías también serán las responsables de facilitar todos los datos pertinentes de los trabajadores afectados para que estos puedan recibir automáticamente su prestación. La ministra ha concretado así una medida anunciada hace ya unos días.