CONSUMIDORES
Consum impuso 6,5 millones de euros en sanciones el pasado año
Vodafone mantiene el pulso con el Govern con la multa pendiente de cobro más alta, de 1,67 millones, por cláusulas abusivas en los contratos
Eduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Eduardo López Alonso
La Agència Catalana de Consum (ACC), dependiente de la Consellería de Empresa i Coneixement, impuso en el 2019 sanciones a empresas por valor de 6,48 millones de euros, lo que supuso un incremento de casi el 150% respecto del 2018.
Las empresas de telecomunicaciones volvieron a ser las que recibieron en total las sanciones más elevadas como consecuencia de la aplicación de cláusulas de contrato abusivas. Esas prácticas abusivas de las empresas, en general, fueron sancionadas con un total de 4,12 millones de euros, el 63,59% del total de multas y primer motivo de sanción.
El principal motivo de litigio de los consumidores con las compañías de telecomunicaciones fue el establecimiento de mecanismos en los contratos que ofrecen la potestad por parte de las operadoras de elevar las cuotas a los clientes de manera unilateral.
Vodafone, Telefónica y Orange concentraron más de tres millones de euros en sanciones por este motivo, aunque es Vodafone la única que no ha abonado todavía la multa y mantiene el litigio, con una sanción pendiente por 1,67 millones de euros tras 1.618 reclamaciones. Orange recibió 1.613 reclamaciones y Telefónica 1.322.
En general, el resto de compañías que acumularon más reclamaciones fueron Endesa, Vueling, Xfera (Yoigo), Energia XXI, Naturgy y Ryanair.
Competencias
En unos momentos en los que se ha creado un Ministerio de Consumo, cuyo ministro es Alberto Garzón, el Govern recuerda que Catalunya mantiene en exclusiva las competencias sancionadoras.
El secretario de Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, y la directora de la ACC, Beth Abad, reiteraron que pese a este gran incremento de las sanciones, de las que se han cobrado las dos terceras partes, la intención de la agencia de consumo no es incrementar la presión recaudatoria sino que las empresas mejoren sus prácticas comerciales: «Nuestra intención es que cada vez más empresa se sumen al sistema de arbitraje de consumo», afirmó Abad. En este sentido, la ACC destacó que las denuncias bajaron el pasado año, así como las actuaciones inspectoras (-25,5%). Abad escudó esta reducción de las inspecciones de oficio en «una nueva manera de trabajar y de racionalizar los recursos en un contexto general de reducción del número de denuncias por parte de los particulares», dijo Abad. Ferrer también destacó el hecho de que las soluciones negociadas a los conflictos tienden a aumentar, como muestra el hecho de que el 51% de las reclamaciones a la ACC se resolvieron por mediación.
Los casi 6,5 millones de euros impuestos en sanciones procedieron de 492 multas, prácticamente el 25% más que en el ejercicio del 2018, aunque muchos de los procedimientos son resoluciones de denuncias de años anteriores, como el caso de Vueling y los problemas registrados en el aeropuerto de Barcelona en el 2016. Vueling acumuló por ese caso sanciones por 600.000 euros, como consecuencia de los retrasos de vuelos y cancelaciones registradas durante el verano del 2016.
La ACC también sancionó con 95.000 euros a la empresas iDental, que cerró en el 2018 y dejó a pacientes sin cumplir el tratamiento acordado tras haberlo pagado.
Otra de las compañías sancionadas con un importe más elevados fue la firma Automattic, dedicada a servicios integrados de telecomunicaciones y con domicilio social en Dublín, que fue multada con 85.000 euros por promover y dar publicidad a hábitos que podían derivar en trastornos de la conducta alimentaria como anorexia y bulimia.
Las infracciones que más se sancionaron en el 2019, además de las cláusulas abusivas, fueron las relacionadas con la documentación que se proporciona a los consumidores, las condiciones de venta o de contratación, la negativa a suministrar datos, por alteración adulteración fraude o engaño, por incumplimiento en las obligaciones de atención a los consumidores, por ejemplo.
Del total de reclamaciones recibidas, el 82% fueron gestionadas por la misma ACC y el 18% se trasladaron a otros organismos. Los laudes arbitrales se redujeron el 3,25%, la mayoría sobre telecomunicaciones (66%).
Decreto para consumo en internet
La ACC anunció que en un par de semanas dispondrá de un proyecto de decreto de ley para su aprobación en el Parlament con la idea de regular nuevas formas de consumo asociadas al auge de internet. En concreto, el Govern desea regular la publicidad engañosa que protagonizan algunos canales de Youtube, pero también la venta de productos en videojuegos y juegos de azar y la reventa de entradas. La idea es que el decreto habilite a la ACC a realizar inspecciones y sanciones.
Vodafone dice que puede subir precios si avisa con un mes de antelación
Vodafone esta en el disparadero del Govern y de la Agència Catalana de Consum (ACC). La operadora se ha alzado al primer puesto en la lista de empresas más sancionadas y con la que la ACC mantiene abiertas sanciones por 1,6 millones de euros, fundamentalmente por incluir cláusulas que habilitan al incremento de precios del servicio de telefonía de manera unilateral.
Vodafone ha recurrido las sanciones del Govern porque considera que « la cláusula cumple con la normativa, ya que recoge el preaviso de un mes y la baja sin penalización para el cliente».
La directora general la ACC, Beth Abad, aseguró que el objetivo de este organismo es alcanzar acuerdos con las empresas más que cobrar multas y confió en el caso de Vodafone que la compañía revise el contenido de los contratos con los clientes en la línea requerida por el Govern. La ACC registró 1.619 reclamaciones contra Vodafone, de las que 728 se tramitaron mediante mediación y 294 con laudo.
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