INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Una jueza imputa al presidente de la Cecot por un negocio privado
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. Albalat
Una jueza de Barcelona ha citado a declarar como imputados para el próximo 30 de marzo al presidente de la patronal vallesana Cecot, Antoni Abad Pous, y a su hermano Josep, a los que un exsocio acusa de fingir la convocatoria de la junta de accionistas de una sociedad en la que ellos participaban, falsear un acta y, a través de un entramado de empresas, evitar el pago o reducir la cuota que se debía pagar a Hacienda. La magistrada ha tomado esta decisión tras acordar en febrero la Audiencia de Barcelona revocar por precipitado el archivo de la denuncia presentada contra ellos por presunta falsedad en documento mercantil, administración desleal y posible fraude a la Agencia Tributaria. Este diario ha intentado infructuosamente este martes ponerse en contacto con Antoni Abad.
El denunciante, Xavier Chalé, era socio de los hermanos Abad en la empresa Abach Management, constituida en septiembre del 2016 y cuyo objeto es la formación. Esta compañía no imparte enseñanza directamente, sino que participa en otras que sí lo hacen, como Promociones de Escuelas, propietaria de la escuela Montcau, entre otras. Según resolución de la Audiencia de Barcelona, Chalé fue cesado como coadministrador de la sociedad el 27 de septiembre del 2016, tras ser despedido días antes como director de varios centros. Antoni y Josep Abad, precisa el escrito, son los socios mayoritarios, pero actúan a través de dos sociedades de su propiedad, Kingblau y Norttres Egara.
Chalé sostiene que Abach es "un ente con personalidad jurídica empleado al servicio de los denunciados para trasladar a ella recursos financieros de otras empresas integrantes del grupo, ostentando ambos hermanos el control y dominios en el capital de las compañías que lo integran”. La denuncia expone que se fingió la celebración de una junta general, por medio de la cual se dieron por aprobadas las cuentas anuales del 2015, “falsificando” el acta de esta reunión. En este sentido, señala que “nunca fue convocado, ni estuvo presente” en una junta para aprobar las cuentas y que hay certificaciones falsas.
Evitar pagar a Hacienda
Según el denunciante, la “finalidad de falsificar” estos documentos era evitar que él, en cuanto que socio, ejerciera su derecho de información y durante la junta pidiera las facturas emitidas por Abach contra otras sociedades del grupo referente a prestación de servicios supuestamente inexistentes, así como las dirigidas contra la empresa de las mismas característica. Chalé precisa que con esta operación se pretendía nutrir el patrimonio de los hermanos Abad y utilizar el entramado de sociedades para “adaptar las bases imponibles” de los impuestos y “evitar el pago o la reducción sustancial” de la cuota tributaria.
La Audiencia de Barcelona subraya en el auto por el que se revoca el archivo que deben practicarse las diligencias necesarias para aclarar los hechos. El tribunal de la Sección Novena insiste en que Chalé ha ofrecido “elementos de prueba” y argumenta que es “precipitado” decir que presentó la denuncia por un eventual desacuerdo económico por razón de su despido, atendiendo lo relatado en su escrito.
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