El Gobierno aprobará este martes medidas urgentes para el campo

La revuelta en el campo ha dado sus frutos. El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros un paquete de medidas urgentes para dar respuesta a la crisis de agricultores y ganaderos. Entre ellas, se incluyen la obligación de incluir los costes de producción en el precio de los contratos y se ponen límites a las promociones de la distribución, según el borrador del real decreto-ley al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El objetivo último es dar respuesta a la principal reclamación del sector: los bajos precios en origen que lastran sus explotaciones. Para ello, el principal cambio será la reforma exprés de la Ley de la Cadena Alimentaria que, según ha anunciado este lunes el propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante su primera Comisión del ramo en el Congreso de los Diputados, incluirá los "cuatro puntos más significativos" para responder a la crisis del sector. 

Por un lado, el borrador obliga a cada operador de la cadena agroalimentaria a abonar "un precio igual o superior al coste de producción" del anterior eslabón, de forma que no se pueda comercializar a un precio inferior, y prohibe que en la venta final al consumidor se "pueda repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial" derivado de su política comercial en materia de precios ofertados al público.

Además, recoge la obligación de introducir el coste de producción en el precio como "elemento mínimo" de los contratos. Para realizar asegurar su "objetividad", la norma incluye una "lista ejemplificativa de elementos" a considerar como semillas, fertilizantes, pesticidas, energía o maquinaria, entre otros, e índices. "Esta medida resulta de capital importancia pues permite cerrar el círculo de la cadena de valor", según el documento. 

El RDL incluye 
bonificaciones empresariales al pasar contratos temporales a fijos con mayores cuantías en mujeres

Por otro lado, la nueva norma también limita las actividades promocionales (habituales en los supermercados y gran distribución) al prohibir aquellas que "induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos" y obligar a que se indentifique el precio "claramente" en la información publicitaria, en la cartelería y en los tiques de compra, "para que no pueda dar lugar a equívocos" de forma que el consumidor "tenga conocimiento exacto del alcance de la campaña promocional". Además, prevé la publicidad de aquellas infracciones "graves y muy graves" a la Ley de Cadena Alimentaria "con fines disuasorios pero también punitivos". 

A finales de enero, agricultores y ganaderos de diferentes regiones de España comenzaron una serie de movilizaciones, que todavía siguen en marcha, por la baja rentabilidad de sus explotaciones. Esta modificación de la Ley de Cadena Alimentaria es "una primera respuesta" del Gobierno, en palabras del ministro y como también sugiere el borrador, para "intentar que las explotaciones agrarias y ganaderas tengan rentabilidad y sostenibilidad económica", a la que seguirá la trasposición de la directiva de prácticas desleales "antes del mes de junio de 2021".  

Jóvenes y mujeres

El paquete de medidas va más allá y también pone el foco en el empleo. El texto incluye la anunciada reducción de 35 a 20 de las peonadas exigidas en Andalucía y Extremadura para tener acceso al subsidio agrario y la ampliación del ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo para que pueda controlar las viviendas de los temporeros. Como novedad, se incorpora una bonificación por contingencias comunes para los empresarios que conviertan contratos temporales en contratos indefinidos bajo la modalidad de fijos discontinuos  y se establecen cuantías incrementadas "en el caso de la conversión de contratos de mujeres trabajadoras" para "reducir la brecha de género". 

Además, se adapta la normativa del IRPF para cambiar el tratamiento fiscal de las ayudas a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria para que los beneficiarios puedan tributar en varios ejercicios. Y se incluye una modificación "puntual" en la Ley de Pesca Marítima del Estado para que la sanción a quienes vendan moluscos de talla o peso inferior (cuando sea menor al 10% del volumen total vendido de dicha especie a la reglamentaria) sea calificada de "leve" y no "grave" como ocurre en la actualidad, ya que la infracción implicaba la pérdida de todas las ayudas del Fondo Marítimo y Pesquero.