El Gobierno bajará de 35 a 20 días las peonadas para cobrar el subsidio agrario

El Gobierno ha movido ficha para aplacar las protestas que han brotado del campo español en distintos puntos del país. Y lo ha hecho por el cauce de los jornaleros, con promesas de facilitar el acceso a los subsidios de empleo y con más garantías para sus condiciones laborales, vía Inspección de Trabajo. Las peonadas bajarán de los acutales 35 días hasta los 20, con lo que el Ejecutivo busca dar cumplimiento "a una reivindicación histórica del colectivo de jornaleros", según explicaron fuentes de de la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030. Así se lo ha transmitido el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a las asociaciones de jornaleros de Andalucía y Extremadura.

Este sistema de subsidios funciona actualmente de la siguiente manera. Un jornalero ha de acreditar haber trabajado un mínimo de 35 jornadas para poder solicitar un subsidio de cerca de 400 euros durante un periodo de máximo seis meses. Dicha prestación la costean entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas, dependiendo la repartición de las cuantías del territorio. El Programa de Fomento del Empleo Agrario es una competencia del Ministerio de Trabajo, en tanto que la asignación de las prestaciones se realiza a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Y ahora este requisito bajará hasta los 20 días. Una medida que el Gobierno de Pedro Sánchez ya aplicó de manera puntual en el 2018, ante situaciones de sequía. La rebaja anunciada por Iglesias y Díaz este viernes a los sindicatos de jornaleros no llega con fecha de caducidad explícita, aunque fuentes de vicepresidencia han afirmado que "es necesario, a medio plazo, reformar el sistema de peonadas para garantizar que dé una cobertura más adecuada a los trabajos eventuales agrarios".

Las peonadas han sido una medida que inicialmente se diseño para paliar las bajas rentas de los trabajadores eventuales del sector agrícola. Los bajos ingresos entre los ocupados del campo son una constante desde hace años, tal como evidencian los datos del INE. Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa (EPA) referentes al 2018, unos 157.700 trabajadores del sector agrícola a jornada completa, el 34,5% del total, cobraban menos de 1.047 euros brutos al mes. Una cantidad equivalente a la penúltima subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, en 14 pagas; 1.050 euros si se divide en 12.

Sin presencia de las patronales

Quienes no han participado en la reunión han sido las principales asociaciones de empresarios agrícolas Asaja, UPA y Coag, pues no han sido convocadas por el Ejecutivo. Las organizaciones de empresarios agrícolas se han mostrado en anteriores ocasiones reacias, cuando no contrarias, a rebajar las jornadas necesarias para acceder al subsidio. "Cuanto más bajen las peonadas, más difícil va a ser encontrar gente para trabajar el campo", cuentan desde Asaja.

La patronal agraria está muy molesta con el Ministerio de Trabajo, pues inicialmente fueron citados a una reunión el viernes a la misma hora que se ha mantenido el encuentro con los sindicatos de jornaleros y el jueves por la tarde fueron desconvocados; según cuentan desde Asaja. Desde Trabajo se aduce que en ningún momento la reunión llegó a confirmarse, aunque sí se avanzó, y que finalmente no se celebró dado que desde el depatamento liderado por Díaz estaban pendientes de finalizar un informe sobre el estado del sector que no pudieron tener a tiempo.

Hasta ahora las principales protestas organizadas desde el sector agrícola, como la tractorada en Málaga del jueves o las de Lleida de este viernes, han sido auspiciadas por las patronales del sector. Estas han visto como las últimas subidas del salario mínimo interprofesional les ha recortado margen en sus beneficios, ya muy ajustados, según denuncian, por la política de bajos precios de los distribuidores. "Bajar las peonadas para ayudar a la crisis del sector agrario no es", señalan desde Asaja. Desde la entidad esperan ser citados para abordar la subida del SMI y la política arancelaria con el Gobierno "cuanto antes". Fuentes de Trabajo confirmaron que las patronales agrarias han sido citadas para el próximo martes para abordar estos temas.

Más garantías para los trabajadores

En la reunión de este viernes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha prometido a las organizaciones de jornaleros mayores garantías laborales para los trabajadores del campo. "Necesitamos cambios legislativos para que la Inspección de Trabajo pueda actuar en el campo", ha avanzado la ministra en una entrevista en RNE pocas horas antes de la reunión. Actualmente la 'policía laboral' no puede acceder a las viviendas asociadas a una explotación agrícola sin el permiso explícito del propietario, lo que dificulta su actuación.

Ante ello y con el informe del relator de la ONU sobre pobreza todavía reciente, desde el Ministerio de Trabajo han trasladado su intención de modificar la normativa para ampliar el margen de actuación inspectora. Ya que esa falta de supervisión "está generando situaciones de chabolismo y semiesclavitud intolerables en la cuarta economía de la zona euro", según afirmaron desde Trabajo.