Salario mínimo europeo: ¿una realidad a corto plazo?

La Comisión Europea se ha propuesto durante los próximos cinco años sentar las bases de una Europa social más fuerte e igualitaria. El objetivo es hacer frente, de una forma lo más justa posible, a cambios como la transición ecológica, la digitalización o los problemas demográficos.

Para ello, una de las principales iniciativas será la fijación de un salario mínimo europeo. La intención no es establecer una cantidad concreta en euros común a todos los países de la Unión Europea (UE), sino implantar una remuneración mínima equivalente al 60% del salario medio de cada país.

La medida es una de las prioridades de la nueva presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, quien ya ha dado los primeros pasos para su implantación. Pero, ¿qué probabilidades de éxito tiene?

Fase de consulta

El salario mínimo europeo se someterá ahora a una primera fase de consulta a los interlocutores sociales (empresas y sindicatos). Durante estos meses, el organismo adoptará una actitud de escucha: “queremos saber si los interlocutores sociales consideran que la actuación de la Unión Europea es necesaria y, en caso afirmativo, si desean negociarlo entre sí”, explican.

De aprobarse la medida, en el caso de España supondría un aumento del SMI de unos 100 euros brutos mensuales, una cantidad correspondiente al 60% del salario medio del país que actualmente se sitúa en 23.646,5 euros anuales. Precisamente este miércoles, Gobierno, patronal y sindicatos han pactado subir el salario mínimo a 950 euros este año.

Para Eugenio Lanzadera, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), “es improbable que una medida de este calado pueda ser instaurada a nivel global en toda la UE, con unas diferencias salariales enormes entre los distintos Estados; pero también es irreal, pues los países con unos salarios superiores al salario medio continuarán pagando unos salarios más altos, con lo que aunque se limitarían algunos efectos negativos, seguiría habiendo una desigualdad formal”, asegura el profesor.

Oposición de los países nórdicos

Existen grandes diferencias entre los salarios mínimos de los países europeos. Por ejemplo, nuestros vecinos franceses cuentan con un SMI de 1.521 euros mensuales en 12 pagas, mientras que en Bulgaria se sitúa en 286 euros con la misma distribución.

Asimismo, países como Italia y Chipre no cuentan con un salario mínimo establecido por ley, mientras que en Suecia, Dinamarca y Finlandia esta cantidad se fija a través de una negociación colectiva sin intervención de las autoridades. Precisamente es en estos gobiernos donde han surgido las primeras reticencias.

Sin embargo, la Comisión llama a la calma y asegura que “las posibles propuestas reflejarán las tradiciones nacionales, ya se trate de convenios colectivos o de disposiciones legales”. En palabras del propio organismo, el objetivo es “garantizar que todos los sistemas sean adecuados, tengan una cobertura suficiente, incluyan una consulta exhaustiva a los interlocutores sociales y dispongan de un mecanismo adecuado de actualización”, concluyen.