19 feb 2020

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mercado de la vivienda

Fondos de inversión fuerzan subidas astronómicas del alquiler con el pretexto de actualizarlo

Las sociedades que han adquirido activos inmobiliarios intentan compensar la mayor duración de los contratos con incrementos que superan el IPC, pese a lo que señala la ley

Max Jiménez Botías

Maricarmen Iglesias y Xavier Navarro, tiene pisos alquilados propiedad de Azora.

Maricarmen Iglesias y Xavier Navarro, tiene pisos alquilados propiedad de Azora.

"A primeros de septiembre recibí un burofax de parte de los nuevos propietarios del piso en el que me comunicaban que se triplicaba el precio del alquiler. Pago 385 y pasaré a pagar 897, aunque para los tres primeros años del nuevo contrato el propietario comunica una bonificación de unos 200 euros. Cuando transcurra ese periodo pasaré a pagar directamente casi 900 euros". Silvia habita uno de los 30 pisos de la calle Frederic Monpou de Granollers que pertenece al Grupo Azora. Su brazo de inversión inmobiliaria adquirió una docena de activos al Banc Sabadell el pasado mes de julio por un valor de 150 millones de euros, según  trascendió en el momento de realizarse la operación.

Los activos incluían más de 500 viviendas con una ocupación cercana al 100% en las ciudades y áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, pero también algunos edificios peor localizados en la provincia de Barcelon (Sabadell, Polinyà o Granollers). El primer paso que ha realizado el fondo --los vecinos los denominan 'buitre'-- ha sido el de "actualizar las rentas", según reconocen fuentes de la entidad inmobiliaria. "Pago 411 euros con trastero y aparcamiento. No tengo claro que cuando tenga que renovar el contrato, que en mi caso es dentro de un año, pueda hacer frente a esa subida", explica Maricarmen Iglesia, otra vecina afectada. "Soy viuda y mis ingresos no dan para mucho", afirma.

Los vecinos afectados reconocen que no es ilegal subir el alquiler cuando se renueva el contrato, pero no les parece demasiado ortodoxa la cláusula de bonificación, "porque al final permite que el alquiler se incremente por encima del IPC, como prohíbe la ley que regula los arrendamientos", destaca Núria Vilarnau, abogada del Col·lectiu Ronda, a la que han recurrido los vecinos para ver que opciones legales le quedan.  "Esta práctica no es exclusiva de Azora. Al contrario, cada vez es más habitual y se ha convertido en común entre los grandes gestores de pisos de alquileres, especialmente fondos y las inmobiliarias que fueron de los bancos", destaca la abogada.

Ampliación del plazo del contrato

El pasado 7 de marzo se aprobó el decreto-ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que fue definitivamente convalidado a principios de abril después de que el anterior intento de introducir medidas de reforma en el mercado de alquiler no superase el proceso de convalidación parlamentaria y quedara en nada. Entre las medidas introducidas incorporaba una ampliación del plazo mínimo de prórroga de los contratos de alquiler celebrados con personas jurídicas hasta los siete años y se establecía que la actualización anual de la renta durante la vigencia de los contratos no podría exceder el resultado de aplicar la variación porcentual del IPC.

"Esta combinación de actualización limitada de la renta y extensión del período de contrato ha sido vista por los fondos propietarios como una pérdida de expectativa de ganancia que solo podrían compensar a través de una actualización de renta más drásticas de las que aplican en el momento de la renovación. Y la forma para solucionarlo de forma más o menos discreta son las bonificaciones al contrato", plantea Vilarnau.

Lazora, la sociedad del grupo que gestiona los pisos adquiridos por la sociedad inversora reconoce que, con la bonificación, el recibo medio está en torno a los 675 euros, para una zona que sin ser periférica tampoco es la más 'prime' de Granollers. "El precio está por debajo de la media de la zona para viviendas de las mismas características que es de 750 euros", afirma un portavoz.  Además, precisa que se trata de vivienda libre y que "no hemos detectado ningún caso en vulnerabilidad social entre los vecinos. Estas situaciones son siempre analizadas por un equipo de mediación social para encontrar las soluciones que mejor se adapten a cada circunstancia", agrega.

Puede que tengan razón, pero desde que tomaron posesión, al menos tres familias han tenido que abandonar la vivienda, "porque no estaban en condiciones de afrontar la nueva renta", explica Iglesias. Esta circunstancia ha sido aprovechada pro el gestor inmobiliario para poner los pisos en alquiler, con los nuevos precios mucho antes de que transcurran los siete años que fija la ley.