El Govern propone un salario mínimo de 1.239 euros

El 'Govern' quiere pasar página en la era de la precarización laboral y subir el salario mínimo interprofessional (SMI) a 1.239 euros mensuales. Este jueves, el ‘vicepresident’ de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, han presentado una propuesta que supone un aumento del 37,7% en relación con el sueldo mínimo actual, fijado en 900 euros.

Sin embargo, como ha remarcado Aragonès, este es solo el “punto de partida”. La Generalitat no tiene competencia para fijar un salario mínimo obligatorio, algo que recae exclusivamente en el Gobierno central, pero tiene otras vías para que su propuesta de 17.353 euros anuales en 14 pagas se convierta en referencia.

Esas son que la administración catalana asuma ese salario en las adjudicaciones de contratas públicas para su personal y que la cifra establecida sirva a los agentes sociales como modelo para la negociación de convenios colectivos. Esos 1.239 euros representan el 60% del salario medio del territorio, algo que recomienda el Parlamento Europeo y el catalán para “promover la equidad”.

Con este salario mínimo de referencia (SMR), la Generalitat quiere “no quedarse con los brazos cruzados” y pretende superar el SMI establecido por el Gobierno central, que consideran “insuficiente” debido a que el coste de vida es “mucho mayor” en Catalunya que en el resto del Estado.

ESCEPTICISMO DE LOS AGENTES SOCIALES

El informe de la Generalitat llega cuatro meses después de que el ‘vicepresident’ se comprometiese a fijar una cifra de referencia, con uno de retraso. Durante estos días, Aragonès, El Homrani y la secretaria de Economía Natàlia Mas se han reunido con el Consell de Relacions Laborals, que agrupa a patronales y sindicatos.

Desde que el pasado 18 de julio Aragonès abriese la puerta a la creación de un SMI catalán, la propuesta fue recibida con recelos por los agentes sociales. Las cosas no han cambiado. “Un incremento significativo del 37% planteará problemas de competitividad de las empresas catalanas con las del resto del Estado”, resalta Josep González, presidente de Pimec. La patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas, que hace tres años apoyo el incremento salarial a 900 euros, se ha mostrado “molesta” y “sorprendida” por la presentación pública de ese informe “sin consenso previo”.

El verano pasado patronal y sindicatos ya acordaron que, a partir del 2021, ningún convenio se fijara por debajo de los 1.000 euros al mes.

Aunque los sindicatos comparten la preocupación del ‘Govern’, ven la propuesta “insuficiente”. Cristina Torre, secretaria de acción sindical de Comisiones Obreras (CCOO), asegura que será “difícil” vehicular la propuesta de SMI en las negociaciones colectivas y cree fundamental derogar la reforma salarial del 2012, subir el IRPF a las rentas más altas e impulsar unos presupuestos más sociales.

Aragonès ha asegurado que ERC trabaja de la mano de los Comuns en ese sentido y ha abierto la puerta a un nuevo período para “debatir” la medida. “No se puede lograr de la noche a la mañana”, ha confesado.

SOCIEDAD PRECARIA

La propuesta de la Generalitat se enmarca en un contexto “preocupante”. La tasa de pobreza en el trabajo en Catalunya ha sido este año del 14,4%, algo que achacan a unos salarios “excesivamente bajos” y una temporalidad laboral “excesivamente alta”. Y es que el 90% de los nuevos contratos que se registran son temporales. Para Pimec, la respuesta del ‘Govern’ puede generar “más problemas que soluciones”.

La fijación de un salario mínimo de referencia pretende mejorar la vida de las rentas más bajas, algo que también permitiría reducir la brecha salarial de género, objetivo compartido con los sindicatos. “Las mujeres están sobrerrepresentadas en la parte baja de los salarios”, ha lamentado Mas.