Sin noticias del salario mínimo catalán

Este 1 de diciembre hace exactamente cuatro meses que el ‘vicepresident’ Pere Aragonès comparecía oficialmente para anunciar la elaboración de un informe detallado sobre cuál debería ser el salario mínimo interprofesional a aplicar en Catalunya. El dirigente republicano se comprometió, con el aval del Consell Executiu, a tener una cifra, y un estudio que la respaldara, en un plazo de tres meses. Van ya cuatro y desde el Departament de Economia admiten que dicho documento no verá la luz hasta, como mínimo, mediados de diciembre. Las patronales y los sindicatos más representativos, por su parte, responden con el mismo vocablo sobre si disponen de alguna información sobre este tema: "no".

El Govern va tarde con este tema y el argumento que dan desde Economia es debido a la "complejidad" de la materia. Y va para largo, pues una vez el Ejecutivo catalán tenga clara la cifra de ese SMI a la catalana, deberá ponerse a negociar con las patronales y los sindicatos. Un elemento indispensable en esta ecuación, pues la autonomía catalana carece por completo de competencias en materia de SMI. Por lo tanto, las únicas dos vías que tiene la Generalitat para tirar adelante su proyecto son que los agentes económicos que negocian los convenios asuman esa cifra de referencia y que esta la incluya la propia Administración en las adjudicaciones de contratas públicas.

En las contratas públicas y en sus propias tablas retributivas, dependiendo de la cuantía que Economia acabe recomendando en su informe. El sindicato independentista Intersindical-CSC, con fuerte presencia entre el funcionariado de la Administración de la Generalitat, cifra en cerca de 3.000 los trabajadores que realizan una jornada completa y cobran menos de 1.300 euros; su propuesta de SMI catalán. A finales de noviembre esta central inició una campaña pública para reivindicar un salario mínimo bajo dichas condiciones. "Los 900 euros actuales son claramente insuficientes para el coste de la vida en Catalunya. Con una subida de 1.300 euros se incentivaría el consumo local y las primeras beneficiadas serían las pymes", declara el portavoz de la 'Inter', Sergi Perelló.

Opina distinto el presidente de la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas Pimec, Josep González, que considera "muy excesiva" esa cifra de los 1.300 euros. "No es que seamos contrarios a que vaya subiendo el SMI, pero un aumento tan elevado de golpe tendría un impacto muy  negativo sobre la economía", considera. González le da la vuelta al argumento de la Intersindical-CSC sobre las diferencias entre el coste de la vida en Catalunya y otras comunidades, señalando la gran diferencia entre los precios de Barcelona y los del resto del territorio catalán.  

Dar continuidad al AIC

Las patronales y sindicatos con representación mayoritaria no se muestran entusiasmados con la idea que lanzó hace cuatro meses el 'vicepresident' Aragonés. Desde Foment del Treball, su presidente, Josep Sánchez Llibre, considera que la vía para negociar subidas salariales debe ser la negociación colectiva junto a los sindicatos y apuesta por dar continuidad al Acord Interprofessional de Catalunya (AIC). Este convenio de convenios, firmado en julio del 2018 y con vigencia hasta el 2020, se hace eco de los acuerdos estatales en materia salarial. Como el que establece que a final del 2020 no debe haber ningún convenio con salarios por debajo de los 1.000 euros mensuales.

"Ese es nuestro camino; si el Govern quiere asumir esos compromisos en la contratación pública o reforzarlos, adelante", declara el secretario general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco. "Todo lo que empuje hacia arriba los salarios bienvenido será", afirma su homólogo de la UGT de Catalunya, Camil Ros. "La patronal va a tener que mojarse", añade, algo escéptico. Pues todo acuerdo que pueda impulsar el Govern en el terreno privado será siempre dentro de la voluntariedad de las partes, ya que carece de capacidad normativa.  

"Ser consecuente"

Donde más margen dispone la Generalitat es a través de los pliegues de condiciones de las licitaciones públicas. Allí puede imponer, como ya han hecho otras administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona, una cuantía salarial mínima para acceder a las contratas. En el caso del consistorio catalán, organismos como Barcelona Activa solo colaboran con empresas que se comprometen a pagar un sueldo de 1.000 euros y un contrato mínimo de seis meses.

No obstante, el presidente de Pimec avisa al Govern de que debe ser "consecuente" con las repercusiones de las subidas salariales que promueva. "Si quieren mejorar las condiciones deben estar dispuestos a asignar más recursos", afirma González, contrario a que sean los bolsillos de los empresarios los que carguen exclusivamente con los posibles incrementos. El líder de Pimec habla con el conocimiento de que las pymes serían las más afectadas de un hipotético aumento del salario mínimo, pues cuando Pedro Sánchez subió el SMI a 900 euros, el 60% de los trabajadores afectados trabajan en una pyme.