Trabajo transfiere 16,8 millones a Catalunya para políticas de empleo

El Ministerio de Trabajo ha celebrado este jueves con los representantes de las 17 comunidades autónomas una nueva Conferencia Sectorial de Empleo, donde ha acabado de repartir los recursos para las políticas de ocupación que se articulan a través de las autonomías. En total han sido 297 millones de euros, de los cuales a la Generalitat le han tocado 16,8 millones. Ello permitirá desbloquear inversiones pendientes como la activación del programa de orientadores laborales o el refuerzo presupuestario para los centros de inserción laboral para discapacitados.

La segunda Conferencia Sectorial de Empleo se ha celebrado dos meses tarde, pues estaba programada inicalmente para el mes de abril, y el Ejecutivo ya ha culminado la transferencia de los 2.317 millones a los que se había comprometido con las comunidades. Este jueves se ha traspasado el 5% pendiente, que equivaldría a esos 297 millones. Todo ello permite comenzar a dar cumplimiento de algunas políticas aprobadas por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez en el tiempo de descuento de la pasada legislatura.

Una de ellas es la contratación de la primera tanda de los 3.000 orientadores laborales que aprobó en diciembre del 2018, en el marco del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021. Para este año se ha distribuido presupuesto para la contratación de 670 profesionales en toda España. No obstante, este elemento no está exento de polémica, pues los cálculos presupuestarios que hacen las comunidades no encajan con los del Ministerio de Trabajo. Fuentes de la 'conselleria' de Treball han explicado que el Ministerio transfiere 27.000 euros por orientador, lo que le permitiría a la Generalitat contratar por un año a 341 orientadores. No obstante, su cálculo es que cada orientador les comporta un coste de 34.500 euros, lo que al final rebajará la cifra en Catalunya hasta los 270.

La contratación de ese refuerzo para implementar las políticas activas de empleo y antender a las personas usuarias de los servicios públicos de ocupación se hace en una lógica temporal, pues la dotación presupuestaria está vinculada a un programa de duración determinada. La elevada temporalidad es un lastre que arrastra el sector de la ocupación de manera crónica desde hace décadas.

Más recursos para la inserción de discapacitados

Otra de las partidas que se ha acabado de decidir este jueves son los fondos extra para costear la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en los centros especiales de trabajo (CET). Estos espacios están pensados para la inserción laboral de personas discapacidad y notaron en sus finanzas de manera muy contundente la subida del SMI a 900 euros, pues es el salario más habitual entre sus trabajadores. Trabajo ha activado este jueves una doble medida: por un lado, ha traspasado 83 millones de euros para cubrir esa subida y, por el otro, ha aprobado una nueva partida de fondos extra que se abonarán entre octubre y noviembre.

Desde la Generalitat se ha criticado el reparto efectuado por Trabajo, ya que el ministerio ha asignado los recursos en función del número de personas que habitan en cada comunidad y tienen acreditada una discapacidad y no en relación al número de personas que tienen acreditada una discapacidad y está trabajando. Según este segundo criterio, la Generalitat calcula que le hubieran tocado 20 millones de euros, no los 14 millones que ha recibido, en función del primero.