El nuevo decreto de la estiba abre el sector a las ETT pero con condiciones

El Consejo de Ministros aprobó ayer el marco legal que regulará las contratación de estibadores en los puertos españoles. El conocido como decreto de la estiba se aprueba después de cinco años de negociaciones y varias huelgas y tras el beneplácito de Bruselas al marco legal redactado por el Gobierno, aceptado por empresas y sindicatos. El Ejecutivo socialista espera que con la enmienda a la ley de Rajoy se garantice «que no se precarice el empleo», al tiempo que ofrece la seguridad jurídica reclamada por las empresas del sector.

Subrogación obligatoria

El real decreto establece, entre otras cuestiones, una habilitación legal para que a través de los convenios colectivos se pueda acordar la subrogación obligatoria de los trabajadores de las empresas contratadoras que pasen a formar parte de los Centros Portuarios de Empleo (CPE). Estipula también una modificación de la ley de las empresas de trabajo temporal (ETT), para establecer las especificidades de esos CPE, entre otras la necesidad de ser empresa estibadora para poder formar parte de su accionariado. En la práctica, un marco legal que exigirá a las ETT vinculación con el sector para poder contratar trabajadores. 

El Gobierno ha previsto una línea de ayudas públicas dotada con unos 120 millones de euros para sufragar las prejubilaciones y bajas voluntarias que se registren en el colectivo de unos 6.150 estibadores que actualmente trabajan en los puertos. Está prevista la prejubilación de los estibadores de más edad, a los que les quede como máximo 60 meses (cinco años) para llegar a la «edad ordinaria» de jubilación, con el fin de «contribuir a la necesaria reestructuración del sector de la estiba».

Fórmula de consenso

Los estibadores celebraron que, después de cinco años, se haya encontrado la fórmula para conjugar los principios de libertad de contratación con los derechos de los trabajadores. La normativa satisface los principios de libertad de contratación exigidos por Europa con los derechos de los trabajadores a mantener sus puestos. Solo quedaría, para cerrar este capítulo de desestabilización del sector, la convalidación en el Congreso de esta norma y la posterior la aprobación del marco legal, prevista para la próxima semana.

El Congreso ya aprobó el pasado 20 de febrero, por unanimidad, una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a rematar el marco normativo de la actividad de la estiba portuaria, con el máximo consenso posible en el sector y respetando los principios de la normativa europea.

Fin a una etapa

La aprobación de esta norma es un paso hacia adelante fundamental para cerrar una crisis que ha dejado pérdidas millonarias en uno de los más importantes sectores económicos de España. "Los trabajadores esperan con impaciencia y expectación la convalidación de la misma en el Congreso, confiados en que, por fin, los distintos grupos parlamentarios apoyen la propuesta y se cierre esta etapa de desregulación que tanto daño ha hecho a todos los agentes implicados en la estiba", explicaron los responsables de la Coordinadora, principal sindicato del sector.

Tanto la patronal de terminales y navieras Anesco como el sindicato mayoritario, Coordinadora, mostraron en las últimas semanas una posición prudente a la espera de que se definiese el texto final del decreto. La normativa introduce novedades interesantes para ambas partes. A los estibadores se les garantiza que las empresas que decidan salirse en el futuro de las sociedades de estiba se subrogarán a los trabajadores que les correspondan en función de su peso. El colectivo logra que los integrantes de los Centros Portuarios de Empleo tengan que contar con una licencia de empresa estibadora. Su temor era que la liberalización supusiera la entrada masiva de empresas de trabajo temporal.