La Audiencia de Barcelona anula una compra de acciones del Popular durante la ampliación

La Audiencia Provincial de Barcelona ha resuelto por primera vez ratificar la nulidad de una operación de compra de acciones de Banco Popular, coincidente con la campaña de ampliación de capital de la entidad en mayo de 2016, al considerar que "la situación financiera que se reflejaba en el folleto informativo no se correspondía con la situación económica financiera real" de la entidad.

La sentencia confirma en su totalidad las conclusiones de la resolución previa del Juzgado de Primera Instancia número 27 de Barcelona y obliga a Banco Santander, actual propietario de Banco Popular, a devolver los 28.047,50 euros invertidos por el cliente demandante en junio de 2016.

La resolución del Banco Popular y posterior adquisición por parte de Banco Santander comportó la pérdida absoluta del valor de su inversión para más de 300.000 accionistas, bonistas y preferentistes de la entidad. La declaración de inviabilidad de Banco Popular en junio del 2017 y posterior adquisición por parte de Banco Santander conllevó la pérdida de la totalidad del valor de su inversión para más de 300.000 accionistas, bonistas y preferentistes de la entidad, mayortiariamente clientes minoristas.

Camnpaña de ampliación

Una porción significativa de este colectivo de damnificados adquirieron sus acciones en el transcurso de la intensa campaña de ampliación de capital desarrollada por parte de Banco Popular a través de su extensa red de oficinas entre los meses de mayo y junio del 2016, apenas un año antes de que los supervisores financieros decidieran intervenir definitivamente la entidad.

Sin embargo, a criterio de la Audiencia Provincial, la información traslada a los clientes no permitía de ninguna manera imaginar que tan solo 12 meses después de comprar sus acciones, la entidad que presumía en el folleto informativo de la ampliación de capital de «tener una elevada capacidad de generación orgánica de capital futura» y que preveía «acelerar el retorno a una política de dividendos en efectivo normalizada a partir de 2017» vería reducido a un simbólico euro su valor en el mercado, volatilizando íntegramente el valor de las inversiones de sus clientes.