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proyecto legal

Fomento confirma que "de momento" no limitará el precio del alquiler

La secretaria de Vivienda confirma que aprobará un índice estatal al que vinculará estímulos fiscales

El Ministerio estudia bonificar el 80% del IBI a los propietarios que contengan el coste del arrendamiento

P. A.

 

 

La secretaria general de Vivienda, Elena Beunza, ha confirmado este jueves que el Gobierno no está negociando "de momento" limitar los precios del alquiler de la vivienda dentro del real decreto que prepara y que podría aprobar este viernes. Sobre las conversaciones con otras fuerzas políticas para recabar su apoyo a dicha ley, la alto cargo del Ministerio de Fomento ha asegurado "que se está trabajando en ello y que va en buen camino", pero ha matizado que "todavía no hay nada definitivo" y que no es seguro que se le vaya a dar luz verde en el próximo Consejo de Ministros.

En unas jornadas organizadas por 'preciosdevivienda.es', Beunza ha explicado que la ley va a incluir el primer índice estatal de precios del alquiler, al que se vincularán determinados estímulos fiscales. "Este índice es fundamental para dar información y transparencia, que es uno de los grandes fallos que tiene el sector", ha defendido.

En concreto, ha anunciado que Fomento está estudiando la posibilidad de bonificar el 80% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios que se ajusten a dicho índice, como ha adelantado 'Expansión'. Se tratará, ha explicado, de una primera medida, ya que el Ejecutivo analizará un reforma fiscal más profunda en el futuro.

Novedades

El decreto no otorga a las comunidades autónomas la capacidad de limitar el precio, puesto que para ello sería necesario reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de modo que esa guía no es vinculante. Para Unidos Podemos el decreto está muy lejos de ser la solución ideal, pero aboga por apoyarlo porque considera que se han introducido mejoras en el desde que el 23 de enero el Congreso tumbara el intento del Gobierno de aprobarlo. En cuanto los precios no se consigue poner un tope, pero sí se vincula el índice de referencia al aumento del IPC. 

También establece que en caso de desahucio los juzgados deberán dar aviso a los servicios sociales y se obliga a fijar fecha y hora del desalojo. El preaviso de no renovación del contrato de alquiler pasa de un mes a cuatro.