Inclusión laboral

En Catalunya faltan 28.000 empleos para discapacitados para cumplir la ley

UGT denuncia que empresas y administraciones públicas no cumplen con la cuota obligatoria de inclusión del 2% de personas con discapacidad en sus plantillas

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Gabriel Ubieto

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Catalunya no está haciendo los deberes en cuanto a la inclusión laboral de las personas con discapacidad y, por ley, debería haber un total de 28.644 puestos de trabajo más ocupados por este heterogéneo colectivo. Así lo ha denunciado este lunes el sindicato UGT de Catalunya, aprovechando el día internacional de las personas con discapacidad.

Según el artículo 42 de la ley general de derechos de las personas con discapacidad, esta establece que las empresas tanto públicas como privadas con 50 trabajadores o más de plantilla deben contar con, como mínimo, el 2% de personas con alguna discapacidad oficialmente diagnosticada. En Catalunya, según el informe de UGT citando datos del Instituto Nacional de Estadística, en el 2017 vivían 551.400 personas con alguna discapacidad reconocida, de las cuales, el 51,8% tenía edad para trabajar. No obstante, su inclusión laboral es escasa, ya que mientras el 81,7% de las personas sin discapacidad trabaja o está dispuesta a ello, solo el 36,2% de los discapacitados declaraban ser población activa.

Y la falta de inclusión no es el único problema que denuncian desde el sindicato. Su secretaria de políticas sociales, Enriqueta Durán, ha calificado de "abuso, explotación y denigración" las condiciones en las que las personas con discapacidad que consiguen acceder a un empleo lo ejercen.

El modelo de integración laboral de las personas con discapacidad se basa en los centros especiales de trabajo (CET). Estos se concibieron como una plataforma formativa desde la que las personas de este colectivo adquirieran habilidades y experiencia laboral para posteriormente saltar al mercado laboral ordinario. Según datos de UGT, el 66% de los ocupados en el 2017 lo estaban en un CET.

En las condiciones de estos centros, que reciben bonificaciones fiscales por su funcionamiento, predominan las personas que cobran según el salario mínimo interprofesional, que actualmente se encuentra en los 735,9 euros. Todas las tablas salariales del vigente convenio de centros especiales de trabajadores discapacitados físicos y/o sensoriales, que marca la jornada anual en 1,775 horas anuales, tienen la base en el salario mínimo.

Desde UGT denuncian que, para cumplir con las exigencias de la ley, muchas empresas en vez de contratar directamente a personas con discapacidad, subcontratan determinados servicios a CETs para cumplir con el cupo mínimo. Ello provoca que, en diversos centro de trabajo, dos personas lleven a cabo la misma función, pero con remuneraciones muy dispares, dado que están contratados a través de dos pagadores diferentes. “Lo que debería ser una oportunidad de inserción se convierte en una vía para abaratar costes para determinadas empresas”, ha denunciado el responsable del área de discapacidad de la UGT, Carlos Moreno.

Sin una nueva ley en el horizonte

Reformar o elaborar una nueva ley para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad no es uno de los debates que actualmente esté presente en las Mesas de Diálogo Social. Así lo ha afirmado la secretaria de política sindical de la UGT, Núria Gilgado. Este es un espacio de concertación social, donde discuten Gobierno, patronales y sindicatos las modificaciones de la legislación laboral, entre otros.

En el 2017, según los últimos datos del INE, una persona con discapacidad cobró en España el 17,1% menos que una persona sin discapacidad, siendo el salario medio anual bruto de 19.297,6 euros