El Congreso es incapaz de señalar a los culpables de la crisis

La comisión de investigación del Congreso ha sido incapaz de pactar este jueves un relato conjunto sobre las causas y los culpables de la crisis financiera que asoló España durante la última década. El pasado martes parecía que el informe de mínimos elaborado por los letrados de la cámara iba a ser aprobado por unanimidad, pero finalmente Ciudadanos ha votado en contra y Unidos Podemos se ha abstenido. En lo que sí ha habido más consenso es en algunas recomendaciones para evitar futuras crisis y mejorar la protección de los clientes financieros, con especial enfasis en la necesidad de una reforma profunda de los organismos supervisores.

El partido naranja anunció el miércoles su oposición con el argumento de que el PP y el PSOE se han negado a reconocer que la politización de las cajas de ahorro fue un hecho diferencial que hizo que la crisis española fuese más dura que la de otros países. "Se han puesto de acuerdo para pasar un informe que es una vergüenza y tirar a la basura el dinero de los españoles, todo para esconder su responsabilidad con ayuda de Unidos Podemos e Izquierda Unida", ha insistido este jueves su portavoz, Toni Roldán.

Choque con la presidenta

Sin embargo, Ana Oramas, presidenta de la comisión y diputada de Coalición Canaria, ha asegurado que los partidos discrepantes no pusieron ningún reparo al informe el pasado martes. "Lamento que gente que no estuvo durante el año y medio de trabajos, que no oyeron a los más de 80 comparecientes y que no leyeron el informe, decidieran ayer no aprobarlo", ha lanzado culpando a la dirección de C's. También el PP y el PSOE han criticado su supuesto cambio de criterio. "Lo que argumentan no lo ha sostenido ninguno de los más de 80 comparecientes, salvo uno. Pone de manifiesto las posiciones dogmáticas e inmaduras propias de los partidos nuevos", ha criticado el popular Carlos Floriano.

"Entiendo que a la presidenta le dé vergüenza firmar el informe. Lo hemos dicho desde el primer día: han intentado esconder la responsabilidad política", les ha contestado Roldán. Podemos, por su parte, no está de acuerdo en que el modelo de las cajas fuera la causa de la crisis, pues algunas sobrevivieron y hay bancos que cayeron como el Popular, pero se ha abstenido finalmente porque a su juicio el documento no hace suficiente hincapié en aspectos clave como los desahucios o las preferentes.

Responsables

Como ya se desprendía de las propuestas de los partidos, el informe destaca que "lo que hay detrás de las malas praxis que se dieron, tanto en bancos como en cajas de ahorros, son determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses personales", lo que "viene a refutar la teoría de que el problema de las cajas era su politización". Los malos gestores aparecen señalados así como los grandes culpables, pero también se afea la actuación de distintos Gobiernos. Así, se critica la ley del suelo del Ejecutivo popular de José María Aznar de los noventa, así como el uso que de ella hicieron las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Asimismo, se imputa a "algunas leyes autonómicas" de cajas los problemas que tuvieron estas entidades en dichas regiones. 

También se destaca que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero actuó con "excesiva demora", "laxitud" y una "cierta línea errática". Lo ha admitido hasta el PSOE, si bien su portavoz, Gonzalo Palacín, ha matizado que es "fácil decirlo 10 años después" y que "no hay un único culpable, falló prácticamente todo". Por último, se afirma que las políticas de austeridad, emprendidas sobre todo por el Gobierno de Mariano Rajoy, provocaron el "deterioro de la demanda de crédito solvente y el aumento de la morosidad".

Mazazon al Banco de España

Las críticas más duras, en cualquier caso, han sido para los supervisiores, particularmente para el Banco de España: tanto la burbuja de crédito como la inmobiliaria "quedaban bajo la responsabilidad de los organismos de supervisión financiera, que no hicieron frente a sus obligaciones". Es más: "Los poderes reguladores, sancionadores y de intervención y sustitución de administradores, manejados de forma adecuada desde el punto de vista técnico y siempre conforme a derecho, habrían permitido ejercer al Banco de España una disciplina mucho más rigurosa tanto sobre los gestores de las entidades como sobre la propia actividad de estas".

Entre otras propuestas, los grupos parlamentarios están de acuerdo en la creación de una autoridad independiente que vigile los riesgos macroeconómicos y de otro organismo de defensa de los consumidores financieros, en las que ya trabaja el Gobierno. También apuestan por un nuevo reparto de funciones entre el Banco de España, que vigilaría la solvencia, y la CNMV, que se encargaría de las conductas. Asimismo, abogan por profundizar en la Unión Bancaria europea, piden un prestador de último recurso para entidades en apuros y reclaman más transparencia a la Junta Única de Resolución, responsable de la intervención del Popular.