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reforma legal

El Congreso endurece el inicio de los desahucios más de lo previsto por Guindos

El proceso de ejecución solo se podrá iniciar tras impagos de entre 12 y 15 cuotas o el 3% y el 7% del capital

Los grupos parlamentarios pactan también reducir el interés de demora al tipo del crédito más tres puntos

P. Allendesalazar

Manifestación en Barcelona a favor de la dación en pago y contra los desahucios.

Manifestación en Barcelona a favor de la dación en pago y contra los desahucios. / RICARD CUGAT

Los bancos tendrán más difícil iniciar los trámites para ejecutar las hipotecas en caso de impago y proceder al desahucio de su cliente. Les resultará incluso más arduo que lo propuesto por el anterior Gobierno. La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso han pactado este martes endurecer las condiciones para que las entidades puedan declarar el vencimiento anticipado del crédito por incumplimiento del hipotecado. Se trata del paso previo para exigir al deudor el pago total de la deuda pendiente y, en caso de no abonarse, iniciar el proceso de ejecución, alzamiento y desahucio.

El proyecto de ley de contratos hipotecarios propuesto el año pasado por el ministro Luis de Guindos fijaba que las entidades podrían declarar el vencimiento anticipado del contrato si el hipotecado había dejado de pagar las cuotas durante nueve meses (hasta el 2013 eran tres) o la cantidad en mora equivalía al 2% del capital del crédito en la primera parte de la vida del préstamo, y durante 12 cuotas o el 4% del capital en su segunda parte. Los partidos han pactado elevar estos topes al 3% o 12 cuotas y al 7% o 15 cuotas, respectivamente, como había propuesto el PSOE.

También han acordado, como adelantó la ministra de Economía la semana pasada, que el código de buenas prácticas creado por el Gobierno del PP en el 2012 para evitar los desahucios sea de aplicación permanente. Este código obliga a las entidades que se adhirieron al mismo, prácticamente todas, a ofrecer a las familias más desfavorecidas que no pudieran pagar sus hipotecas (cerca de 54.800 hasta junio) distintas opciones: una reestructuración de la deuda o una quita (48.600) o la dación en pago con un alquiler social (8.000). El protocolo solo era aplicable para créditos firmados antes del 2012, con lo que si se aprueba el cambio legal los bancos tendrán que ofrecer estas alternativas a todos sus hipotecados desfavorecidos. 

Menos pago por demora

La mayoría de los grupos parlamentarios también ha pactado reducir los intereses en caso de demora en los pagos de las cuotas más de lo previsto por el anterior Ejecutivo del PP. El proyecto de Guindos establecía un pago equivalente al triple del interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquel resulte exigible sobre el principal pendiente de pago. Con datos del 2018, ello supondría un interés del 9%. Los diputados han acordado rebajarlo al interés del crédito más tres puntos porcentuales. El tipo medio de las nuevas hipotecas ronda el 1,9%, con lo que el de demora sería del 4,9%.

El portavoz socialista, Gonzalo Palacín, ha apuntado que se ha buscado una solución que recabase el máximo consenso, ya que había partidos como el PSOE o Unidos Podemos que querían limitarlo a dos puntos sobre el interés del crédito y otros como el PP que defendían en principio la propuesta del Gobierno anterior. También se han pactado los productos a los que se podrá vincular la venta de las hipotecas, pero sin grandes cambios respecto al proyecto de Guindos. "Estamos consiguiendo muchas mejoras para los ciudadanos", ha defendido el socialista. 

Retraso en los plazos

Los partidos tenían previsto acabar la negociación de las enmiendas de la ley este martes, pero no han podido completar el proceso. Los portavoces de la Comisión de Economía se volverán a reunir el martes que viene por la tarde, con el objetivo de completar el proceso para votar el texto definitivo el 4 de diciembre y llevarlo al pleno del Congreso el día 12 de diciembre. Su intención es que llegue antes de que acabe el año al Senado, donde se tramitará por prodedimiento de urgencia, y que el Congreso le dé la luz verde definitiva a principios del año que viene. Buscan así evitar que la Unión Europea cumpla su amenaza de sancionar a España con 105.000 euros diarios por retrasarse en la trasposición a la legislación española de una directiva comunitaria que debería haberse incorporado en marzo del 2016.

Quedan aún por negociar aspectos en los que no ha sido posible alcanzar un acuerdo, como las comisiones por reembolso anticipado y novación del crédito. El PSOE quería en principio eliminar el pago por amortizaciones, pero se ha abierto a fijar algún tipo de comisión en el caso de las hipotecas fijas para no desincentivar la concesión de estas. También queda por negociar una modificación para dejar claro que el endurecimiento de los trámites para iniciar la ejecución de las hipotecas solo afectará a los contratos firmados tras su entrada en vigor. El anterior Gobierno había introducido una enmienda para que este endurecimiento tuviera efectos retroactivos lo que, aunque pueda parecer paradójico, suponía el riesgo de provocar decenas de miles de desahucios paralizados a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determine si la normativa española todavía en vigor es abusiva.