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LOS COSTES HIPOTECARIOS

El Gobierno "velará" para el que la banca no cargue al cliente el impuesto de la hipoteca

La nueva autoridad de protección a clientes financieros vigilará las cláusulas abusivas en los contratos

La banca asumirá desde este sábado el tributo de actos jurídicos y no podrá deducirlo en el de Sociedades

ROSA MARÍA SÁNCHEZ

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero,  la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa,  y el ministro de Fomento,  José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero,  la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa,  y el ministro de Fomento,  José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / EFE / Zipi

El Gobierno "velará" para evitar que los bancos trasladen indirectamente a sus clientes el coste del impuesto de las hipotecas que las entidades financieras quedarán obligadas a asumir a partir de este sábado. Así lo afirmó este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y dijo que el Ejecutivo estará vigilante frente a posibles "cláusulas abusivas" en los contratos de las hipotecas tendentes a trasladar al cliente el coste del impuesto sobre actos jurídicos documentados, después de la "alarma social y la inseguridad jurídica" que creó el Tribunal Supremo. A este fin contribuirá, además, la próxima puesta en marcha de una autoridad de protección al cliente financiero comprometida por el Gobierno del PP desde finales del año pasado.  

El Consejo de Ministros aprobó este jueves el real decreto ley anunciado el día anterior por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que traslada definitivamente a la banca a partir de ahora el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados ligado a la constitución de un préstamo hipotecario. Para ello, el decreto promueve la modificación de artículo 29 de la ley que regula este impuesto.

Además, el decreto modifica el artículo 15 de la ley del impuesto de sociedades para dejar claro que la entidad financiera no podrá deducirse como gasto el pago del tributo sobre actos jurídicos documentados.

Apoyos parlamentarios

Esta es la respuesta normativa elegida por el Gobierno para zanjar la "confusión generada" por la sentencia del  Supremo del 6 de noviembre en la que el alto tribunal señaló al cliente como sujeto pasivo del impuesto después de haber dicho lo contrario tres semanas antes.  

"Desde el respeto a la separación de poderes, lamentamos el cambio de criterio del Supremo, por lo que hoy le ha tocado hablar al Poder Ejecutivo, que vela por el interés general de los ciudadanos y por garantizar la seguridad jurídica del mercado hipotecario, que quedaron en entredicho en estas semanas", subrayó la ministra Montero, tras admitir que la rectificación del alto tribunal provocó una "cierta paralización" en la suscripción de hipotecas.

La titular de Haciena confió en que el real decreto ley recibirá los apoyos necesarios para su convalidación en el Congreso de los Diputados, pese a la críticas del PP, que aboga por la supresión definitiva del polémico impuesto. "Espero que el PP vote a favor y si no, tendrá que explicar si está a favor de que sean las consumidores los que pagan o los bancos", subrayó Montero.

En vigor desde el sábado

Se prevé que el real decreto ley se publicará este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de modo que ya estará en vigor el mismo sábado, según explicó la ministra Montero. De este modo, ya podría afectar a posibles contrataciones a través de la web, si bien su estreno verdadero se producirá el lunes, cuando las entidades financieras abran sus puertas con unas ofertas hipotecarias encarecidas o no. 

Montero rechazó el "mantra" de quienes repiten que no vale la pena subir impuestos porque al final siempre lo acaban pagando los ciudadanos. El Gobierno no cree en la afirmación de que "o paga el ciudadano o paga el ciudadano", dijo la ministra. En lugar de eso, Montero expresó su confianza en "la responsabilidad" de las entidades finacieras y en "la elevada competencia" existente en un mercado en el que las condiciones ofertadas son decisivas a la hora de que un cliente decida suscribir una hipoteca con una entidad u otra.

Autoridad de protección a clientes

Las entidades financieras, por su parte, no ocultan que buscarán fórmulas para trasladar al cliente un coste que, de media, se puede situar en unos 2.000 euros ya sea en las comisiones o en el tipo de interés del préstamo. Según la agencia de calificación de riesgos Moody's la banca aplicará "con toda probabilidad" al cliente los costes adicionales para compensar el pago del gravamen. 

Sea como sea, la vigilancia sobre cualquier tipo de práctica abusiva se reforzará mediante la puesta en marcha de una autoridad de protección a clientes financieros mediante un proyecto de ley que se presentará en las próximas semanas. La creación de esta autoridad nace de un compromiso de una ley de finales del 2017 que debía haberse materializado antes del 3 de julio pasado. La ministra de Economía, Nadia Calviño, aclaró este jueves que la nueva autoridad se pondrá en marcha "lo antes posible" y que asumirá algunas de las funciones actuales del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Una autoridad macroprudencial para prevenir burbujas

El ministerio de Economía anunció este jueves la creación de la Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera (Anesfi), que estará integrada por representantes del Ministerio de Economía, el Banco de España y la CNMV con el fin de aplicar una "supervisión macroprudencial" del sector financiero y evitar la formación de burbujas y sus posibles efectos sobre el crecimiento económico. 

Para ello, el Banco de España asumirá nuevas competencias que, entre otras cuestiones, le permitirán limitar la concesión de créditos de las entidades o las condiciones de estos, así como el establecimiento de un colchones de capital antíciclicos, para poder afrontar periodos de crisis. 

La Anesfi tendrá entre sus funciones el análisis de riesgos, la emisión de opiniones y alertas y la formulación de recomendaciones. En este sentido, la autoridad macroprudencial elaborará informes internos con carácter trimestral y elevará uno a las Cortes de carácter público con periodicidad anual.

España era uno de los pocos países europeos que aún no había cumplido con esta recomendación de la Junta Europeo de Riesgo Sistémica (JERS) que, en 2011, instaba a los estados de la Unión Europea a crear autoridades macroprudenciales nacionales.

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