El Govern ofrece devolver las pagas extras pendientes a los funcionarios en 8 años

En ocho años. Esa ha sido la oferta de la Generalitat a los sindicatos para devolver las pagas extras pendientes del 2013 y 2014 a los funcionarios en pagos fragmentados, que finalizarían en el 2026. Eso ha provocado que los representantes de los trabajadores se levanten de la Mesa General de la Función Pública sin pactar un calendario detallado. Fuentes de la 'conselleria' han cifrado el monto total a retornar en 1.100 millones de euros.

La propuesta del 'conseller' de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, no contempla el retorno de ni un euro de las extras antes de acabar este 2018 y prevé abonar progresivamente las mismas en ocho plazos cada año desde el 2019 hasta el 2026. Desde la 'conselleria' argumentan que con los actuales límites de la ley de estabilidad presupuestaria, no pueden acometer dichos pagos y que la cuantía total es demasiado grande como para poder retornarla antes. También que la de este miércoles era una propuesta negociable, por lo que valoran negativamente la falta de voluntad de diálogo de los sindicatos al levantarse de la mesa.

El resultado de la reunión de este miércoles llegaba planteada por las partes como la crónica de un desencuentro anunciado. Los argumentos de la 'conselleria' para restituir un derecho que los trabajadores públicos del resto de comunidades autónomas ya han recuperado no han variado respecto a otras negociaciones.  Ya lo anticipaba la versión que dio Puigneró el pasado 18 de octubre tras reunirse la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet. "Lamento que el Gobierno del partido socialista no haya tenido más buena predisposición", afirmó en su día el 'conseller'.

Pendiente de los presupuestos

Hasta que el Govern no elabore y apruebe unos nuevos presupuestos que incorporen una partida específica para tal materia, los funcionarios catalanes no verán en su cuenta corriente las nóminas retiradas durante los primeros años de la crisis. Los sindicatos denuncian que, pese a las circunstancias presentes, este agravio comparativo con otros territorios hace años que se acumula y echan en cara al Govern que, en julio del 2017, se comprometió a retornar como mínimo el 10% de la paga extra del 2013. Algo que fuentes de la 'conselleria' ya descartan.  

Los sindicatos han rechazado el calendario de devolución presentado por la 'conselleria' al no contemplar ningún retorno antes del 2019 y por dilatarse hasta en ocho años en los pagos. Todos los sindicatos -CCOO, UGT e IAC- valorarán en los próximos días tanto internamente como de manera coordinada movilizaciones para escenificar su rechazo y ninguno descarta una huelga en el sector. "Indignados" y "maltratados" han sido el denomiandor común con el que han expresado la propuesta de la Generalitat.

"Si se comprometieron por escrito a devolver el 10%, que son 50 millones de euros, este 2018 y ya reconocen que no lo van a cumplir, ¿cómo podemos fiarnos de una propuesta a ocho años vista?", afirma el representante de CCOO, Joan Maria Sentís. "Es una nueva muestra de que los trabajadores públicos no somos una prioridad para este Govern", añade su homóloga de UGT, Encarna Fernández. "Nosotros, como trabajadores, hemos cumplido y la administración, en cambio, no. Estudiaremos movilizaciones contundentes", declara desde la IAC Assumpta Barbens.