El Gobierno adopta la primera 'tasa Google' de la Unión Europa

Apremiado por la urgente necesidad de mostrar a la Comisión Europea su firme compromiso con las medidas incorporadas en su Plan Presupuestario, el Consejo de Ministros aprobó este viernes tres anteproyectos de ley para impulsar algunas de las medidas fiscales que más dudas despiertan sobre su capacidad para recaudar un total de casi 2.900 millones, según lo esperado por el Ministerio de Hacienda. "Con ello demostramos de forma clara nuestra voluntad de avanzar en la línea que nos hemos marcado" en el documento remitido a Bruselas, enfatizó la ministra María Jesús Montero.

Tres anteproyectos

Con la aprobación del anteproyecto de ley para la creación del nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, España se convierte en el primer país de la UE en impulsar la puesta en marcha de una 'tasa Google' sobre la que aún no existe consenso entre los países del euro. La creación de este tributo tiene asociada una previsión de ingresos de 1.200 millones para el año próximo. 

Además, con el anteproyecto para poner en marcha un impuesto sobre transacciones financieras España se suma al grupo de países que, junto a Francia e Italia, están tirando del carro de la 'tasa Tobin' en la Unión Europea. Con él pretende el Gobierno una recaudación extra de 850 millones en el 2019. 

El tercero de los anteproyectos se refiere a la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal con el que se busca recaudar 828 millones adicionales gracias, además, a la ampliación en 200 funcionarios de la plantilla de la unidad contra el fraude en grandes patrimonios. 

Pendientes del bloqueo

La ministra Montero explicó que estos borradores se someterán a partir de ahora al procedimiento de información pública con el propósito de poder remitir al Parlamento los correspondientes proyectos de ley al mismo tiempo que el de Presupuestos Generales del Estado del 2019, a principios de diciembre.

El propósito del Gobierno es solicitar la tramitación por la vía de urgencia de estos tres textos legales con el fin de poder acompañarla a la del proyecto de Presupuestos de modo que la aprobación definitiva pudiera producirse a finales de marzo, como muy tarde. Previsiblemente, los nuevos impuestos empezarían a aplicarse a partir de ese momento. En Hacienda aclaran que las previsiones de recaudación han tomado en cuenta este hecho.

El Ejecutivo, no obstante, es consciente de que el "bloqueo institucional"  -en expresión de la ministra portavoz, Isabel Celáa-  que amenazan con practicar el PP y Ciudadanos en el Congreso y el Senado eliminan todo tipo de certeza sobre el calendario normativo previsto.

Dinero de las finanzas para pagar pensiones

Siguiendo el  modelo ya adoptado por países como Francia e Italia, la nueva ‘tasa Tobin’ española se configura como un impuesto indirecto que gravará con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas.

El gravamen se aplicará con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones o del lugar en que se negocien, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición.

Entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen, destacan operaciones del mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal, así como las de deuda . “No se gravarán las operaciones que se produzcan con motivo de una operación pública de venta o de suscripción de acciones (OPV o OPS) que suponga el debut en Bolsa de una compañía” aclaró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. También aclaró que el impuesto también se aplicará a las operaciones ‘intradía’ de compraventa de títulos y que el tributo se liquidará mensualmente.

Con esta nueva figura, Hacienda pretende obtener una recaudación extra de 850 millones de euros en el 2019, una cantidad que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social. Los sujetos pasivos deberán presentar una declaración anual del impuesto. En los

Desde 2013, diez países de la UE están trabajando para la creación de este impuesto común en la Unión. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por establecer el tributo a nivel nacional, pero sin abandonar el objetivo de establecer un gravamen armonizado a nivel europeo. De esta manera, el Gobierno sostiene que en el momento en que se aprobase el impuesto armonizado, España adaptaría su tributo para evitar cualquier descoordinación.

Pioneros en la 'tasa Google'

La creación del  impuesto sobre determinados servicios digitales se enmarca dentro de lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llama “la nueva fiscalidad del siglo XXI”, en alusión al gravamen de actividades que no existían o tenían muy escasa relevancia en el pasado.

“Este gravamen de carácter indirecto se crea porque hay ingresos obtenidos en España por grandes empresas internacionales a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal”, sostiene el Ministerio de Hacienda. El objetivo es propiciar que las empresas tributen allí donde generan beneficios.

El anterproyecto de ley adoptado por el Consejo de Ministros va en línea con la directiva comunitaria propuesta el pasado mes de marzo para gravar esos servicios digitales, de forma que España será el primer país de la UE en adoptarla con una previsión de recaudación de 1.200 millones (ligeramente por debajo de los 1.500 proyectados por el exministro Cristóbal Montoro).

Así, las empresas objeto de este impuesto serán aquellas con un importe neto de su cifra de negocios superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y que superen los tres millones de euros en España. El impuesto del 3% gravará la prestación de servicios de publicidad en línea; servicios de intermediación en línea, a través de plataformas como Uber o Amazon; y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. Para poder aplicar el impuesto, el usuario de dichos servicios debe estar situado en territorio español.

Quedan excluidas del impuesto la venta de bienes o servicios entre usuarios (tipo Wallapop), así como las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del propio proveedor (cuando el cliente compra directamente en la tienda online del proveedor). Además, se excluyen del impuesto determinados servicios financieros, como las plataformas de pago seguro tipo paypal o la concesión de préstamos 'online'.

Nueva unidad de control de grandes patrimonios

Para combatir lo que Hacienda considera “nuevas formas de evasión”, el  anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal adoptado por el Consejo de Ministros prevé medidas como reforzar el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas o sobre los operadores de juego  o la creación de una unidad de control de grandes patrimonios. Con las diferentes medidas antifraude el Gobierno pretende una recaudación adicional de 828 millones.

El plan establecen nuevas obligaciones para obtener información sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales, tanto situadas en España como en el extranjero si afecta a contribuyentes españoles. Se exigirá información sobre saldos y titulares de las monedas en custodia. Además, se establece la obligación de suministrar información sobre las operaciones con criptomonedas (adquisición, transmisión, permuta, transferencia). También se establece la obligación de informar en el modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el exterior sobre la tenencia de monedas virtuales situadas en el extranjero.

Otra medida que se contempla en el anteproyecto de Ley es la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas, que pasará de 2.500 a 1.000 euros para el supuesto de operaciones entre empresarios. No obstante, se mantiene el límite de 2.500 euros para los pagos realizados entre particulares, para evitar el impacto de la modificación en las economías domésticas.

A su vez, se va a introducir modificaciones en el régimen de la lista de morosos, para fomentar el ingreso de deudas por parte de los grandes deudores con la Hacienda Pública. De esta forma, el umbral de deuda que conlleva a la inclusión en la lista baja de un millón a 600.000 euros, una disminución que pretende intensificar el pago de la deuda tributaria. Asimismo, se incluyen, además de los deudores principales, a los responsables solidarios, de manera que el reproche que implica la aparición en el listado alcance en mayor medida a los verdaderos responsables de las deudas.