Trabajo anuncia la ampliación de jornada de más de 6.000 trabajadores

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha anunciado este miércoles los pirmeros resultados del Plan Director por un Trabajo Digno para combatir el fraude en la contratación parcial no justificado. Un total de 6.292 trabajadores con contratos a media jornada han visto como, tras el aviso coordinado del minsterio y la Inspección de Trabajo, las empresas les han alargada su jornada.

Durante su comparecencia en la Comisión de Empleo en el Senado, la ministra ha asegurado que estos trabajadores representan al 12,5% de los detectados por la inspección de trabajo y de Seguridad Social. Un porcentaje de éxito menor que en el caso de la temporalidad fraudulenta, cuyos primeros resultados la ministra ya hizo públicos y, según los cuales, las empresas han transformado un total de 46.554 contratos temporales fraudulentos, el 57,8% de los detectados.

La segunda fase del plan de choque consistirá en visitar a las empresas que no han regularizado la situación de sus trabajadores, "lo que contribuirá a mejorar los resultados", ha asegurado la ministra, quien prevé realizar una segunda evaluación del plan en enero.

Impulso para una mayor flexibilidad

La figura retórica del "transatlántico" ha sido la más usada por la ministra para referirse al rumbo político del ministerio. Y sus anuncios han hecho honor a dicho recurso discursivo, puesto que, como ocurre en el caso de los transatlánticos, desde que el piloto da un giro en el timón, la parte de popa tarda un tiempo en responder. La reforma del Estatuto de los Trabajadores en materia de subcontratación, el retorno de la ultraactividad o la tarjeta social universal deberán esperar a próximas intervenciones, pues todavía se encuentran en fase de debate.  

Otra de las medidads que Valerio ha explicado que el Ejecutivo prevé desbloquear es una ley, propuesta por el PSOE cuando era oposición, aprobada por el Congreso y no implementada por el PP, para dotar de mayor capacidad para definir la distribución de la jornada por parte de los trabajadores. "Se trata de definir las causas de esta modificación para que sea más garantista para los trabajadores", ha defendido la ministra.

En este sentido, el Gobierno estudia obligar a las empresas a que registren el horario de sus trabajadores, para prevenir el abuso de horas extras que encubran jornadas completas que tienen contrato de parciales. También elevar la calificación de dicha infracción a grave. Algo que partidos de la oposición como Unidos Podemos o ERC le han instado a acelerar y blindar con carga de obligatoriedad. 

Muchas de estas medias se encuentran actualmente en una doble vía de discusión. Por un lado, en trámite parlamentario y, por otra, en las Mesas del Diálogo social con sindicatos y patronales. "La metodología participativa hace difícil concretar las fechas", se ha excusado la ministra. No obstante, también ha afirmado que "si el Gobierno ve que en algunas medidas de urgente necesidad necesita optar por la vía del decreto ley, lo hará". 

Reivindica el Pacto de Toledo

"El compromiso del Gobierno con el mantenimiento del poder adquisitivo es inquebrantable", ha afirmado en relación a la reforma del sistema de pensiones y a la vinculación de sus incrementos al IPC. "Se debe incidir en medidas por el lado de los ingresos y no del gasto", ha comentado la ministra a tal aspecto.

Valerio ha reivindicado contundentemente el acuerdo alcanzado hace unas semanas, un posicionamiento que difiere un tanto del expresado este martes por su compañera de Gobierno, la ministra de Economía, Nadia Calviño. La titular de Economía declaró a la salida de una reunión en Bruselas que en materia de pensiones no se puede atender a un único parámetro, como es el IPC. No obstante, Valerio tampoco se ha mostrado diametralmente opuesta a las palabras de su compañera de Gobierno. "No soy una fundamentalista", ha afirmado en referencia al IPC como única referencia.