El Gobierno suspenderá el impuesto a la generación para bajar el precio de la luz

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este miércoles la "suspensión" del impuesto a la generación eléctrica (pasará del 7% a "prácticamente 0%") como medida de choque para rebajar la tarifa eléctrica, disparada en lo que va de año. Ello podría suponer una rebaja de entre el 2,5% y el 4% en el recibo de los consumidores domésticos y de entre el 5% y el 5,5% para los industriales. Además, ha adelantado que el Gobierno va a rebajar el precio de la calefacción a los hogares más pobres y va a cambiar el bono social eléctrico (rebaja de hasta el 100% en la factura para las familias más vulnerables) para evitar que pierda más de la mitad de sus beneficiarios a causa de la reforma que aprobó el Gobierno de Rajoy a finales del año pasado.

El anterior Ejecutivo creó el impuesto a la generación en el 2012 para acabar con el déficit que acumulaba el sistema eléctrico, que llegó a acumular una deuda de en torno a 20.000 millones de euros. El PP, precisamente, acaba de proponer la suspensión de dicho tributo con el argumento de que su recaudación (unos 1.700 millones) se puede compensar con el incremento de los impuestos que pagan las eléctricas por los derechos de emisión de CO2, cuyos precios se han disparado (podrían aportar 1.500 millones, según sus estimaciones). La ministra ha dejado claro que el tributo no se elimina, lo que deja la puerta abierta a volver a subir su tasa en el marco de la "futura reforma fiscal" del sector.

Más bono social

Ribera también ha hecho hincapié en la necesidad de luchar contra la pobreza energética, que afecta a unas 4,6 millones de familias. Así, ha explicado que va a ampliar el vigente bono social eléctrico para incluir a más personas mayores y familias "monomarentales" con rentas bajas, así como para simplificar los trámites y promocionar su existencia. Además va a crear el bono social para la calefacción, que tendrá unos beneficios similares al eléctrico aunque con unas condiciones distintas en función de las características de la vivienda.

Cuando la regulación del bono social cambió en octubre, unas 2,44 millones de familias recibían la ayuda. Las eléctricas estiman que el próximo 8 de octubre, cuando finalizaba el plazo para apuntarse al nuevo sistema que Ribera ha anunciado que va a cambiar, el número de perceptoras iba a caer a entre 1 y 1,1 millones, lejos de los 2,5 millones de hogares que calculaba el anterior Ejecutivo. Y eso que su cifra ya partía de la asunción de que solo el 45% de los 5,5 millones de potenciales beneficiarios lo iban a pedir.

Plan de choque

La ministra ha enmarcado estas medidas en un "plan de choque" para hacer frente a la escalada del coste de la electricidad. El precio mayorista de la luz se ha disparado hasta los 71,35 euros por megavatio hora (MWh) de media en septiembre, marca máximo tras máximo anual y está cerca del máximo histórico mensual (73,5 euros en el 2015). 

Generar la energía está resultando este año más caro por la subida del petróleo (de 44 dólares por barril en el 2016 a 72 dólares), que arrastra al resto de fuentes fósiles; la subida del precio del carbón (de 56 a 76 euros por tonelada) por la mayor demanda de China; y la escalada del precio de los derechos de emisión de CO2 (de 5 a 25 euros por tonelada), que las centrales contaminantes deben comprar para operar. Pero la ministra ha apuntado que también se debe a los "parches" aprobados en los últimos años y al "retraso" de España en tomar medidas para solucionar los errores del mercado y del sistema de fijación de precios.

Autoconsumo

Otras de las medidas más inmediatas anunciadas por Ribera la confirmación de su ya anunciada intención de eliminar el llamando 'impuesto al sol' que grava el autoconsumo, como se había comprometido a hacer antes de que acabara el año y en línea con la proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, ERC, PNV y el grupo Mixto que, entre otras cosas, exime a las plantas de pequeña potencia de la inscripción en el registro e incluye medidas de simplificación administrativa para pequeñas instalaciones.

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Además, pretende mejorar la colaboración con los servicios sociales de la Seguridad Social y de los municipios para evitar los cortes de la luz y la aprobación de una estrategia nacional de lucha contra la pobreza energética en los próximos seis meses. Además, el Gobierno va a facilitar que los consumidores domésticos (26 millones, de los que 11 millones tienen contratado el precio regulado PVPC) puedan contratar una potencia más baja y más ajustada al máximo que consumen. Asimismo, va a obligar a las eléctricas a informar a sus clientes de cuánto hubieran pagado si tuvieran contratado una tarifa con discriminación horaria.

Asimismo, el Ejecutivo tiene previsto desplazar parte de la contratación en el mercado mayorista a acuerdos bilaterales a largo plazo de fuentes renovables, así como incorporar nuevos criterios de eficiencia en la normativa de alumbrado público.