LABORAL

El Gobierno hará aflorar 40.000 empleos irregulares con un plan contra los falsos autónomos

Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / JOSE LUIS ROCA

Alicia Gracia

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El Gobierno de Pedro Sánchez se declara oficialmente en pie de guerra contra el fraude laboral. El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto para combatir el uso fraudulento de la figura del falso autónomo, aquel trabajador que desempeña la laboral de un asalariado pero mantiene las obligaciones de un trabajador por cuenta propia.

El plan para combatir la figura del falso autónomo hará aflorar 40.000 empleos irregulares este año, que tendrán que integrarse en el Régimen General de la Seguridad Social, según anunció este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el balance de su gestión en el Ejecutivo al cumplirse dos meses desde su nombramiento. Sánchez afirmó que el decreto permitirá dar “más derechos y mayor cobertura” a estos trabajadores y les proporcionará un trabajo “más digno”. 

En la actualidad, una vez detectado el falso autónomo, la Inspección de Trabajo inicia un procedimiento e insta a la Seguridad Social a que, de oficio, dé de alta a estos trabajadores en el Régimen General. No obstante, las empresas afectadas tramitan la baja del empleado, "lo que distorsionaba el procedimiento". 

Con este real decreto, serán preceptivos los informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para resolver las solicitudes de baja que se formulen tras haber tramitado el alta de oficio. Así, mientras se desarrolla el procedimiento, las bajas formuladas por empresas o trabajadores no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar.

Según los datos que maneja la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que recibió con agrado el anuncio del Gobierno, la Seguridad Social “deja de ingresar al año entre 350 y 400 millones de euros por el mal encuadramiento de trabajadores en el Régimen de Autónomos cuando deberían ser trabajadores por cuenta ajena”. Su presidente, Lorenzo Amor, destacó que “hay que dotar a la Inspección de Trabajo de todas las armas necesarias para que pueda actuar", a la vez que pidió que se dote de “mayor protección” al Régimen de Autónomos Dependientes (TRADE).

Ampliar las prestaciones por desempleo

Asimismo, el Ejecutivo aprobó otro real decreto para ampliar las ayudas a 41.000 parados de larga duración sin prestación. Se trata de regular el Programa de Activación para el Empleo (PAE), con un presupuesto de 53 millones de euros ya previsto en los Presupuestos, para atender hasta un máximo de 41.000 parados que tenían suspendido el subsidio del programa -que decayó el pasado 30 de abril- por haber suscrito un contrato de trabajo. Con la nueva medida adoptada, este colectivo podrá reanudar el cobro de la ayuda de 430 euros mensuales. Según Sánchez, esta ampliación beneficiará especialmente al colectivo femenino, que representa el "65% de estos desempleados" sin prestación.

Dentro de la reordenación del sistema de prestaciones por desempleo que prepara el Ministerio de Trabajo se contempla también un subsidio para mayores de 52 años que estará condicionado a las rentas personales y que vendrá a sustituir la ayuda actual para mayores de 55 años vinculada a rentas familiares, aunque su aprobación tendrá que esperar hasta septiembre.

Tras los anuncios de Pedro Sánchez, los sindicatos aplaudieron las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros pero reclamaron una reforma total del sistema de prestaciones por desempleo. UGT recordó que "más del 42% de los trabajadores no tiene ningún tipo de prestación o subsidio cuando están en el desempleo", a lo que añadió que se trata "no solo de trabajadores de más edad, sino de parados de larga duración que abarcan también a los jóvenes", que entraron en el mercado laboral "desde la precariedad" y estaban cobrando el PAE o el Plan Prepara (subsidio asistencial para desempleados de larga duración).

En este sentido, CCOO mencionó que queda "pendiente" la protección de los parados de larga duración que no tienen responsabilidades familiares y que ya no pueden acceder al Plan Prepara ni tampoco al nuevo subsidio extraordinario aprobado este viernes. Por ello, aun considerando "positiva" esta reforma, la central instó al Gobierno a "tomar las medidas necesarias para que ningún colectivo protegido mediante el PAE y el Prepara quede sin cobertura".