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CONVENIO DE COLABORACIÓN

La Seguridad Social y la Inspección de Trabajo refuerzan su lucha contra el despido de interinos

Ambos organismos diseñan un plan anual de objetivos en el que se vigilará el sector docente, la temporalidad y parcialidad

Trabajo realizará 7.508 actuaciones extraordinarias contra el fraude laboral, que se sumarán a las 8.000 ya previstas

Alicia Gracia

El director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar; y la directora general de la Inspección de Trabajo, Marisol Serrano, este miércoles en la firma de un convenio de colaboración.

El director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar; y la directora general de la Inspección de Trabajo, Marisol Serrano, este miércoles en la firma de un convenio de colaboración. / EFE

La Seguridad Social y la Inspección de Trabajo unen fuerzas para intensificar su lucha contra los despidos masivos de los profesores interinos durante los periodos vacacionales. Ambos organismos han formalizado este miércoles su colaboración con la firma de un convenio que recoge un Plan Anual de Objetivos que tiene como fin de combatir el fraude laboral. De este modo, el Gobierno mantiene la alerta especialmente en el sector docente, en el caso de las empresas que dan de alta y baja sucesivamente al mismo trabajador en periodos vacacionales, un supuesto en el que el Tribunal Supremo ha fallado a favor de mantener el alta a los docentes en la Seguridad Social durante el verano. Este mismo mes de agosto comenzarán a evaluar este tipo de situaciones para poder, en septiembre, comenzar a implementar medidas concretas. 

El Plan, que se desarrollará hasta diciembre de este año y se evaluará el próximo mes de noviembre y en enero del 2019, cuenta con una dotación presupuestaria de 960.000 euros e incluye 7.508 actuaciones extraordinarias contra el fraude laboral, que se sumarán a las 8.000 ya previstas para los próximos cinco meses. 

Además, incorpora novedades respecto al de años anteriores, como la habilitación de campañas relativas a las empresas que efectúan altas y bajas sucesivas a la Seguridad Social del mismo trabajador para constatar si existe o no declaración por las vacaciones devengadas y no retribuidas. Asimismo, se perseguirá a las sociedades que presentan anomalías en la declaración de horas extraordinarias y aquellas que abusan de la temporalidad y la parcialidad en la contratación de personas trabajadoras sin que existan condiciones organizativas o características de producción que lo justifiquen. 

El Plan también mantendrá la vigilancia en torno a la derivación de responsabilidad de deuda, encuadramientos indebidos, empresas deudoras insolventes con actividad, sociedades que no transmiten información de los conceptos retribuidos abonados, empresas ficticias y altas fraudulentas. 

Reactivar el Observatorio del Fraude

Ambos departamentos han expresado su compromiso por reactivar el Observatorio del Fraude, que nació en el 2007 y que poco a poco cayó en desuso, ya que “consiguió focalizar las actuaciones y obtuvo resultados óptimos”, según ha afirmado el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar. Este organismo contará con una primera fase de prevención y control del fraude y una segunda de divulgación, en la que se elaborarán manuales de buenas prácticas. La intención es crear un mecanismo de campo con la constitución de comisiones permanentes gestionadas por la Inspección provincial de Trabajo y la Tesorería, en las que participarán también los agentes sociales.

Aumenta la recaudación y el empleo aflorado

Con todo, la lucha contra el fraude laboral parece dar sus frutos. La recaudación derivada de las acciones de la Inspección de Trabajo y el empleo sumergido aflorado ha aumentado en el primer semestre del año respecto al mismo periodo del año anterior. Según ha asegurado la directora general de la Inspección de Trabajo, Marisol Serrano, desde enero a junio de este 2018 se han recaudado 526 millones de euros frente a los 518 millones del 2017 (+1,5%); y se ha conseguido destapar 53.800 empleos irregulares frente a los 45.000 del año anterior (+19,5%).