Francisco Mula: "Es una ley con muy poca promoción, pero eficaz"

Los fastos de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 dispararon la actividad empresarial, pero su resaca desembocó en un aluvión de deudas. Francisco Mula, junto con dos de sus hermanos y dos cuñados, creó una empresa de reformas en 1989, cuyas operaciones estaban avaladas por ocho familiares.

La etapa previa a la cita deportiva se caracterizó por un crecimiento exponencial del volumen de trabajo de empresas vinculadas a la construcción como la de la familia Mula, que formalizó contratos con grandes constructoras y formó parte de las compañías que levantaron la villa olímpica. “De facturar 240.000 euros pasamos a más de 6 millones”, , aunque los clientes pagaban a 180 días.

Tras los Juegos Olímpicos todo cambió. “Los atletas destrozaron los pisos y las empresas que los construyeron no podían vender las propiedades, de modo que había que repetir el trabajo. Aquello suponía unas pérdidas importantes y nos amenazaron con devolver pagarés”, cuenta el afectado.

La falta de liquidez de la empresa desembocó en suspensión de pagos. Los bancos embargaron todo y la familia comenzó un calvario que ha durado 25 años. “La deuda que teníamos entonces ascendía a 192.000 euros y lo pendiente de cobro de las constructoras subía a 450.000 euros. Si hubiéramos tenido fuerza legal, hubiéramos saldado las deudas con creces”, dice. Con los años, sumando intereses, la deuda subió a 350.000 euros y la “persecución” de los bancos se hizo “insostenible”. En esos años, la familia tuvo que trabajar en el empleo sumergido y, tal era el “pánico”, que dejaron que atender cualquier llamada telefónica.

En febrero del 2016 la familia Mula, tras demostrar no tener suficiente activo para afrontar sus deudas, inició el procedimiento para cancelarlas a través de la Ley de Segunda Oportunidad. “Cuando íbamos con la solicitud del concurso consecutivo (concurso de acreedores de personas físicas) a los juzgados nos miraban con los ojos como linternas, no sabían por dónde coger el tema”, asegura Francisco, que sufrió en primera persona la “picaresca” de unos y otros. “Algunos notarios nos querían cobrar casi 1.000 euros por la gestión y hubo mediadores concursales que pidieron cerca de 3.000 euros”, subraya.

Finalmente, consiguió pagar por los trámites no más de 2.000 euros a lo largo de un proceso que concluyó en junio del 2017 con la cancelación definitiva de las deudas pendientes. El resto de la familia continúa en trámite para hacer lo propio. “Es una ley con muy poca promoción pero es eficaz”, valora.