Los menores de 35 años tendrán subvenciones al alquiler y la compra de vivienda

El Gobierno aprobará este viernes el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que contempla ayudas al alquiler y a la compra para menores de 35 años y facilita el acceso a la vivienda tanto en régimen de alquiler como de compra en las zonas afectadas por la despoblación rural. En el caso del alquiler, se subvencionará hasta el 50% de la renta mensual en rentas de hasta 600 euros, que pueden ascender a 900 en casos justificados. Para la diferencia entre 600 y 900 euros se subvencionará solo el 30%. El beneficiario no podrá ser propietario de una vivienda en España y la alquilada deberá ser su residencia habitual durante el periodo de la ayuda, que puede ser de hasta tres años.

El programa supone un cambio importante con respecto al plan anterior, en el que las ayudas se contemplaban tan solo para familias en situación de vulnerabilidad. En este nuevo plan se incorporan excepciones respecto al umbral de la renta para acceder a las ayudas. Ascenderá a cuatro veces el IPREM (30.078,36 euros) en los casos de familia numerosa y hasta cinco veces (37.597,95 euros) en los casos de familia numerosa con algún miembro con una discapacidad de al menos el 33%.

El nuevo plan, si bien estará enfocado al alquiler, también contempla una ayuda a la compra de vivienda de hasta el 20% del precio del piso que se adquiera (con un máximo de 10.800 euros) para jóvenes de menos de 35 años e ingresos inferiores a tres veces el IPREM en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Una modificación que pretende evitar la despoblación de las zonas rurales, lo que, sin embargo, se pone en duda por parte de los expertos, porque su impacto puede ser mínimo.

Ayudas para mayores de 65 años

En cuanto al alquiler, las medidas también se dirigen a mayores de 65 años y personas afectadas por desahucios, que podrán recibir hasta el 50% del importe del alquiler de un piso. Además, esta ayuda se podrá pedir para viviendas que supongan rentas mensuales de hasta 900 euros, frente al máximo de 600 euros fijado en el anterior plan. Las personas afectadas por desahucio contarán con hasta 400 euros al mes para pagar un alquiler, y los mayores podrán contar también con ayudas de hasta 200 euros mensuales para atender el pago de facturas de suministro (agua, luz, gas o de comunidad). 

El plan se completa con iniciativas dirigidas a la promoción de viviendas para alquiler y para la rehabilitación de pisos y zonas urbanas. Promotores y empresas inmobiliaria contará con subvenciones de hasta 300 euros por metro cuadrado útil de vivienda con un límite del 40% de la inversión y de 31.500 euros por vivienda. El requisito será que los inquilinos tengan ingresos de hasta 4,5 veces el IPREM (33.838,15 euros) y que el precio máximo sea de siete euros mensuales por metro cuadrado útil. "Consideramos que esta medida es positiva para fomentar la creación de un parque de viviendas protegidas destinadas al alquiler", han comentado fuentes de la Associació de Promotors de Catalunya (APC).

Demanda de rectificación

El plan, sin embargo, ha recibido críticas por parte de algunas administraciones. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha exigido al Gobierno "rectificar o modificar" el plan, porque "fomenta la especulación" y potencia el problema de la emergencia habitacional. Como en otras ciudades de España, la alcaldesa ha presentado un manifiesto en que los ayuntamientos denuncian que el plan ignora las reivindicaciones de los gobiernos locales. "Desde los ayuntamiento de las ciudades mas grandes del estado exigimos al ministro que antes de aprobar el plan estatal de vivienda tome en consideración nuestras alegaciones y nuestras demandas de mínimos", ha explicado.

Colau ha señalado que, en primer lugar, se debe reformar la ley de arrendamientos urbanos porque "es urgente" alargar la duración de los contratos de alquiler, que ahora es de tres años, porque "genera mucha inestabilidad a los inquilinos", y limitar las subidas de precios cuando terminan los contratos porque están siendo "desorbitadas". Otra "exigencia básica" es subir la dotación presupuestaria del plan de 467 a 2.000 millones de euros para situar España en los estándares europeos de vivienda publica de alquiler social.