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en el juzgado

Procesadas las patronales de Castellón y la Comunitat Valenciana por un fraude de 1,8 millones en cursos de formación

Acusadas de crear un entramado para justificar con facturas falsas actividades paralelas a los cursos que no se realizaron

El escándalo y el agujero económico propició la desaparición de Cierval hace poco más de un año

Nacho Herrero

José Vicente González (en el centro) fue el último presidente de Cierval y quien impulsó su liquidación

José Vicente González (en el centro) fue el último presidente de Cierval y quien impulsó su liquidación / MIGUEL LORENZO

El juzgado de primera instancia de Nules (Castellón) ha procesado a la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) y a la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval) por un posible fraude de facturas falsas en cursos de formación que ascendería a 1,8 millones de euros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Esa cantidad habría sido concedida por la patronal autonómica, extinguida desde hace casi un año en parte por este escándalo, a la castellonense, de los 12 millones que Cierval habría recibido de la Generalitat Valenciana.

Además de a ambas organizaciones, se ha procesado también a dos de sus dirigentes. Se trata de Rafael Montero, que era secretario general de ambas, y a José Antonio Espejo, encargado de formación de la CEC, así como a cuatro mercantiles, que habrían emitido las facturas falsas. El juez procesa a los investigados por falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Según el auto, Montero y Espejo, guiados "por el ánimo de lucro" acordaron con otros procesados para que emitieran facturas por actividades complementarias a los cursos pero que nunca se realizaron. De este modo, había una factura real del curso en cuestión y otra que "no correspondía a acción formativa ni de colaboración alguna, la que se reputa falsa".

Una vez abonadas, previa "autorización expresa" de Montero y Espejo, según el auto alguna de las personas concertadas retiraba en una sucursal bancaria "la práctica totalidad del dinero transferido, sin justificar el destino dado a tales fondos". El fiscal es quien debe determinar ahora su procede archivar la causa, practicar nuevas diligencias o la apertura del juicio oral y en ese último caso tendría que presentar el escrito de acusación en el que aportaría su relato "de cómo cree que sucedieron los hechos" y concretaría "el delito que imputa a los acusados y la pena o penas que solicita para ellos".

Un escándalo que precipitó la refundación

El caso se inicio en julio de 2015 por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y un año después el juzgad emitió un primer auto que la Audiencia Provincial tumbó al exigir que se concretara con más precisión los datos objetivos de los que se deducía la relevancia penal de la conducta de los investigados.

Cierval estaba formada por CEC, en proceso de liquidación, la alicantina Coepa, ya liquidada, y la valenciana CEV y hace algo más de un año solicitó un concurso de acreedores que juzgado aceptó y dio paso a su extinción. Las deudas de las ramas castellonense y alicantina que además no tenían recursos para devolver más de seiscientos mil euros de subvenciones mal gestionadas por esos cursos de formación llevaron al cierre de la patronal autonómica.

En noviembre, la CEV cambió sus estatutos para poder convertirse en la nueva patronal autonómica, aunque existe aún un importante recelo entre parte del empresariado alicantino.

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