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Serra culpa a la Generalitat y el Banco de España de frenar el saneamiento de Caixa Catalunya

Narcís Serra en la comisión de investigación de la crisis en el Congreso.

Narcís Serra en la comisión de investigación de la crisis en el Congreso. / periodico

P. Allendesalazar

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Narcís Serra, presidente de la desaparecida Caixa Catalunya entre el 2005 y el 2010, ha asegurado este miércoles que cuando llegó al cargo intentó cambiar el rumbo de la entidad financiera, pero se encontró con la oposición de la Diputación de Barcelona (entidad fundadora de la caja), la Generalitat y el Banco de España. Ante la comisión de investigación de la crisis en el Congreso, ha admitido que el "desastre (de la caja) estaba anunciado" por los problemas inmobiliarios gestados antes de su llegada, pero ha defendido que gracias a los cambios que impulsó fue menor de lo que podría haber llegado a ser.

El que también fue vicepresidente del Gobierno socialista entre 1991 y 1995 ha sostenido que cuando llegó a la tercera caja española -a petición del entonces presidente de la Diputación, José Montilla, y como un "acto de servicio"- no encontró "en absoluto ninguna ilegalidad o práctica no ajustada a derecho". Sin embargo, ha explicado, comprobó que era una "entidad compleja" con un "complejo entramado de promoción inmobiliaria" (Procam, la cuarta promotora de la época), por lo que era necesario un "cambio de rumbo". 

El exbanquero ha cargado las culpas en el director general de la entidad que se encontró a su llegada,  Josep María Loza. Tras algo más de un año en el puesto, ha explicado, propuso a la Diputación controlada por el PSC y la Generalitat en la época del tripartito en el 2006 cesar al ejecutivo y nombrar un nuevo equipo directivo. Estas instituciones, sin embargo, "consideraron más conveniente" que fuera este ejecutivo el que corrigiera el rumbo en vista de los buenos resultados económicos logrados gracias al negocio inmobiliario y la falta de consenso político suficiente en el consejo de administración.

Disculpa parcial

Unos meses después también lo propuso al Banco de España gobernado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero la institución "insistió en mantener" a Loza, al que ha culpado de negarse a que los consejeros recibieran "dos horas" de formación técnica antes de las reuniones del consejo, una iniciativa que Serra ha presumido de sacar adelante tras el cese del ejecutivo. "Estoy convencido de que en la respuesta del Banco pesaba la preocupación de las consecuencias para el sistema de un posible conflicto en una de las cajas españolas y también sus efectos sobre la confianza en el sector en un momento en que ya veían algún nubarrón en el horizonte", ha justificado.

Serra ha asegurado que finalmente logró cesar al director en el 2007 tras anunciar al presidente de la Diputación, Celestino Corbacho, que de lo contrario iba a dimitir. Tanto el órgano provincial como la Generalitat y el Banco de España, ha continuado, aceptaron por fin ("costó") y se eligió a Adolf Todó, de Caixa Manresa, a quien ha defendido que se subiera el sueldo por la "ardua" tarea que tenía por delante.

Puya al Gobierno

El expresidente ha defendido que la caída de Lehman Brother impidió completar el plan de saneamiento de la entidad, pero no se ha referido a que el Estado tuvo que rescatar la caja con 12.052 millones de euros, de los que se han perdido 11.723 millones, el 97,2% del total. Preguntado por ello por los diputados, ha asegurado que si el Gobierno no se hubiera precipitado en venderla al BBVA y Blackstone, ahora estaría devolviendo ayudas como Bankia. También ha revelado que el Banco de España le obligó a fusionarse con la problemática Caixa Tarragona, además de con la sana Caixa Manresa como pretendía, pero ha defendido que la unión no incrementó los problemas.

A lo que sí ha hecho referencia es a las varias causas abiertas en su contra por la justicia, pero para defenderse. "Estoy muy tranquilo sobre las acusaciones, tranquilo de conciencia que es lo más importante, pero tranquilo sobre el desenlace también", ha defendido respecto a las investigaciones sobre varias operaciones inmobiliarias sospechosas y la subida de sueldo de los ejecutivos en plena crisis y tras recibir ayudas