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Funcionarios y rebaja fiscal, pendientes de nuevos Presupuestos

El aplazamiento del trámite presupuestario dilata la negociación con los empleados públicos

Gobierno y socios parlamentarios confian en tener unas nuevas cuentas en febrero como muy tarde

Rosa María Sánchez / Madrid

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el portavoz y negociador prespuestario del PNV, Aitor Esteban, en el Congreso de los Diputados, este mes de julio.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el portavoz y negociador prespuestario del PNV, Aitor Esteban, en el Congreso de los Diputados, este mes de julio. / JUAN MANUEL PRATS

La decisión el Gobierno de aplazar la tramitación de los Presupuestos del Estado del 2018 hasta que se calme la tensión política en Catalunya abre la puerta a la prórroga de las cuentas del 2017 al año próximo, al menos durante las primeras semanas o meses del nuevo ejercicio. La concreción de la rebaja fiscal pactada por Ciudadanos para salarios de hasta 17.000 euros o el acuerdo salarial a tres años que se negocia con los empleados públicos son dos de las cuestiones que, al menos por ahora, quedan en suspenso, a la espera de que la menor tensión soberanista permita al PNV comprometer su impresicindible apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy.  

Este compás de espera también somete a un impasse a cuestiones tales la reducción del IVA del cine, la subida del sueldo de los funcionarios, la mayor transferencia de fondos a las comunidades autónomas o los nuevos proyectos de inversión de todo tipo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insiste en que tarde o temprano, habrá unos Presupuestos para el 2018 y que sus medidas tendrán efecto desde el 1 de enero, aunque sea de forma retroactiva  (si la aprobación definitiva se produce después de esa fecha).

Pensiones

Hay una cuestión que, en todo caso, queda al margen de los vaivenes del trámite presupuestario. Haya o no nuevo presupuesto el 1 de enero del 2018, desde esa misma fecha entrará en vigor la subida mínima de las pensiones del 0,25%, que es la que se viene aplicando desde la reforma del sistema en el 2013, pues así lo establece la ley. Esta duda ya quedó despejada a finales del 2016, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy intentó forzar un acuerdo con el PSOE bajo el argumento falaz de que un desacuerdo impediría subir las pensiones a los jubilados.

Funcionarios

El Ministerio de Hacienda negocia con los representantes sindicales de los empleados públicos un acuerdo salarial a tres años que implica una subida acumulada mínima del 5,25% que podría llegar al 8% en función de la evolución del crecimiento de la economía y del déficit público. También se negocia una ampliación de la plantilla pública y una mayor estabilidad en los contratos.

Desde el punto de sindical, el aplazamiento del trámite presupuestario "es una oportunidad para tener más tiempo en el que negociar", según fuentes de CSIF. Este sindicato concede una probabilidad prácticamente nula a la posibilidad de una prórroga definitiva del Presupuesto que impidiera una subida salarial en el 2018 superior al 1% aplicado en el 2017. Incluso en este caso, aún cabría la posibilidad de acometer una subida salarial en la función pública por decreto, si lograra el apoyo parlamentario suficiente.

Rebaja fiscal

El paquete presupuestario pactado con Ciudadanos tampoco podría ponerse en marcha sin una nueva ley. Aquí se incluye una rebaja del IRPF de 1.300 millones de euros para salarios de hasta 17.000 euros al año, y otra de 700 millones para familias con personas dependientes. La rebaja del IVA del cine del 21% al 10% y la ampliación a cinco semanas de la baja por paternidad son otras de las medidas acordadas con Ciudadanos que necesitan un proyecto de Ley de Presupuestos para ver la luz.

"Creo que el escenario más probable es el de un retraso coyuntural en la aprobación de los Presupuestos, de solo unas semanas", vaticina el diputado de C’s Francisco de la Torre. "No creo que no vaya a haber un nuevo Presupuesto", remata. Este mismo pronóstico es compartido por la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que espera cerrar "flecos" importantes a favor del archipiélago cuando se retome la negociación.   

Inversiones

El capítulo de inversiones es el que más sufre en una situación de prórroga presupuestaria.  La ley general presupuestaria establece que la prórroga no afecta a las partidas que hayan terminado en el ejercicio. Si, por ejemplo, en el 2017 había una partida para reparar una determinada carretera, esta no será prorrogada en el 2018 pues se entiende que la obra ya está ejecutada. Durante la prórroga presupuestaria de los seis primeros meses de este año la inversión pública encajó una caída del 33%.

Transferencias autonómicas

Las cantidades del sistema de financiación autonómica que se entregan a las comunidades tampoco se pueden actualizar si no hay un nuevo presupuesto. El aumento de los ingresos tributarios previsto para el 2018 no se trasladaría a las comunidades en tanto no se aprueben una nuevas cuentas. Así,  las comunidades deberían confeccionar sus propios presupuestos partiendo de las mismas transferencias recibidas en el 2017

Déficit

La reducción del déficit público, por su parte, sí se ve favorecida en un escenario de prórroga presupuestaria. Sin unas nuevas cuentas, no entraría en juego el techo de gasto aprobado para el 2018, que permite gastar el 1,3% más que en el 2017. Al mismo tiempo, la reducción del déficit se aprovecharía de las partidas de inversión que no se podrían volver a gastar en el 2018.

La sombra de un adelanto electoral

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció este martes el aplazamiento de la tramitación presupuestaria.

Existe un sector más optimista en el Gobierno que aún no descarta la posibilidad de una tramitación 'express' del proyecto de Presupuestos concentrada en los dos últimos meses del año que permitiría llegar al 1 de enero próximo con unas nuevas cuentas.

Sin embargo, el escenario central para el Ministerio de Hacienda pasa por la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros antes de que acabe este año y por culminar la tramitación parlamentaria del texto a finales del enero o principios de febrero.

Todo depende de cómo evolucione la tensión política en Catalunya a partir del día después del referéndum  del  1-O suspendido por el Constitucional. El PNV condiciona su imprescindible apoyo a los Presupuestos a que se despeje la tensión soberanista en Catalunya. Si el clima se complicara hasta el punto de que el PNV negara de forma definitiva su apoyo a las cuentas del Gobierno, la prórroga presupuestaria al 2018 podría acabar conduciendo a un adelanto electoral. Esa es al menos una de las posibilidades que atisba el PSOE. “Si el Gobierno lleva al Congreso unos Presupuestos y no los aprueba, vamos a elecciones”, aseguró esta semana el portavoz de Presupuestos de los socialistas en el Congreso, Javier Lasarte.  

La Constitución establece la prórroga automática de las cuentas

La Constitución establece que “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior” (antes del 30 de septiembre).

En su artículo 134 figura además que si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del 1 de enero “se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”.

La ley general presupuestaria, por su parte, aclara que la prórroga no afectará a las partidas que hayan terminado en el ejercicio. Si, por ejemplo, en el 2017 había una partida para reparar una determinada carretera, esta no será prorrogada en el 2018 pues se entiende que la obra ya está ejecutada.

No es la primera vez que se prorrogan unos Presupuestos del Estado. Se prorrogaron los del 2016 hasta que el Gobierno logró la aprobación definitiva de los Presupuestos del 2017 en junio. Antes que eso, se prorrogaron los del 2011, ante la convocatoria de elecciones en noviembre, hasta que en el 2012 el nuevo Gobierno del PP aprobó unas nuevas cuentas. En 1995, el Gobierno de Felipe González tuvo que prorrogar los Presupuestos tras perder el apoyo parlamentario de CiU en el Congreso de los Diputados.

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